El 67,44% de las denuncias que recibe el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) por incumplimientos con las ventas a plazo corresponde a contratos vinculados al turismo.
Se trata de planes o clubes de viajes a pagos, pero cuyas promesas al final no se concretaron y las personas enfrentan múltiples dificultades para recuperar su dinero.
Estas denuncias pasaron de 31 en 2015 a 145 en 2020, lo que representa un incremento de más del 300% en cuestión de 5 años. El resultado habla del aumento en los incumplimientos, lo cual hace que los afectados se empoderen para interponer la denuncia.
Erick Ulate, presidente de la Asociación Consumidores de Costa Rica, dijo que el reglamento para regular las ventas a plazo en turismo aún no sale y queda como un pendiente porque esta administración va de salida.
“Hoy el MEIC autoriza a las empresas y luego a los planes, entonces eso hace que las empresas comiencen a publicitarse como autorizadas por el Ministerio cuando en realidad los planes no”, explicó.
El problema es que bajo esta consigna la gente se confía y al final se queda sin el dinero y sin el viaje. Además para obtener una respuesta se ve obligada a acudir a la vía penal.
“Se ocupa una reforma al reglamento para ver cómo se puede hacer para garantizar el dinero que se entrega a quienes venden paquetes turísticos. Para mí no se ocupa reforma de ley, se puede hacer lo mismo que aplicó para espectáculos públicos y bienes inmuebles”, destacó.
Justamente en octubre de 2021 se emitió una regulación para las ventas a plazo de viviendas y otro tipo de desarrollos inmobiliarios, que también han estado en el ojo del huracán por presuntas estafas, cuyos casos se encuentran en el Ministerio Público.
DIARIO EXTRA tuvo acceso al informe técnico de la reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el cual señala las falencias en este ámbito.
Se dice que la regulación terminó siendo insuficiente porque buscaba resolver un doble problema: prevenir los fraudes que derivan de la aplicación de mecanismos de ventas a plazos, ante la oferta de proveedores inescrupulosos que engañan a los consumidores, y prever que empresarios o empresas sin capacidad financiera suficiente incursionen en este tipo de relaciones con los usuarios que, aunque asumen un riesgo, finalmente terminan trasladándolo al cliente, pero al final no cumplieron.
“A partir de la ejecución de los diversos reglamentos a la Ley 7472 es posible identificar un segundo problema, vinculado a los medios o herramientas dispuestos para demostrar la solvencia económica que deben cumplir los responsables de las ventas a plazos”, estipulad el documento.