Solo durante este año se hicieron contrataciones valoradas en ¢542.505 millones por fuera del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Así lo reveló la Contraloría General de la República (CGR) tras realizar una auditoría.
Se estima que un 27,1% de las contrataciones se han adjudicado por otros medios. Asimismo, hay instituciones que reconocen que no publicitan todos los procedimientos.
El Sicop se estableció en el año 2015 mediante el Decreto Ejecutivo N°38830-H-MICITT, en el cual se dispone que es la plataforma tecnológica para la tramitación de procedimientos de contratación administrativa de uso obligatorio para la administración central.
Este decreto establece también que Radiográfica Costarricense (Racsa) sería la empresa proveedora de dicho sistema, que tomó como plataforma base el sistema Mer-link, desarrollado por la Secretaría Técnica de Gobierno Digital.
Del informe se desprende que, del total de recursos adjudicados, quienes menos han utilizado el sistema son la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de Rectores (Conare), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Las instituciones consultadas que aún no son usuarias activas del Sicop señalan algunas limitantes como el costo de la plataforma, el cumplimiento de requisitos técnicos y la capacitación.
Asimismo, el 23,3% indica que el costo del sistema se considera alto o muy alto, el 29,4% lo considera medio y solo el 6,8% lo estima bajo. Cabe señalar que el 39,8% corresponde a instituciones de la administración central, cuyo costo es cubierto por el Ministerio de Hacienda.
El costo anual del contrato de servicios para la administración central para mantener funcionando la plataforma asciende a ¢359,3 millones. En lo que concierne al modelo tarifario, en su mayoría las instituciones utilizan el monto fijo periódico (53,4%), seguido del porcentaje sobre monto adjudicado o bien forman parte del pago centralizado.
FALTA INFORMACIÓN SOBRE SANCIONADOS
Otra oportunidad de mejora es la actualización periódica de información. A modo de ejemplo, aunque el 80,6% de las instituciones usuarias (83 casos) identifica como uno de los beneficios del Sicop la verificación del historial del oferente, el 18,4% (19 casos) señala que no mantiene actualizada la información relativa a sanciones y apercibimientos, mientras que un 9,7% no respondió este ítem.
“Es claro que si las instituciones no son consistentes para actualizar lo relativo a sanciones y apercibimientos, se omite información relevante para otras administraciones, toda vez que se podrían estar valorando ofertas de proveedores que han recibido alguna sanción, pero al no contar con un registro de estos datos, se podría derivar en adjudicar a proveedores con incumplimientos previos, poniendo en riesgo la satisfacción del interés público”, señaló la Contraloría.
En forma similar, el 30,1% señala que no se mantiene actualizada la información sobre las personas físicas y jurídicas cubiertas por el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa, así como las personas sancionadas de acuerdo con la normativa especial aplicable a la respectiva institución usuaria.