La criminalidad que se registra en el país ha dejado un incremento en los casos de homicidio durante los últimos años, pero además mantiene como principales víctimas a jóvenes menores de 35 años.
El Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA analizó el perfil de los homicidios dolosos en territorio nacional durante 2023 y determinó que 54 % de los hombres asesinados tenían menos de 35 años.
Por otro lado, recordaron que a mediados de junio de este año el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 406 homicidios, 56% de ellos vinculados con la delincuencia organizada.
“Estamos muy lejos de parecernos al ideal de ‘igualiticos’ que habíamos construido en nuestro imaginario. Nuestra nación es una de los países de América Latina donde la inequidad en la distribución de los ingresos crece desde hace 20 años. Esto sumado a las políticas de recorte presupuestario en inversión social impide mejoras en la calidad de la educación, en acceso a becas de estudio o transporte o espacios de cuido para las personas menores en pobreza”, destacaron.
MÁS VULNERABLES
Laura Fernández, directora del Área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, manifestó que el 38% de la niñez costarricense vive en contextos muy desfavorables y el porcentaje se incrementa en las zonas costeras y fronterizas. Los niños y niñas en pobreza y pobreza extrema, que son 4 de cada 10, resultan vulnerables a la deserción estudiantil.
También explicó que una vez fuera del sistema educativo se vuelven presa fácil de los grupos de crimen organizado.
“Están creciendo en un entorno con una gran privación de condiciones, lo cual produce adolescentes que no continúan los estudios, ni están vinculados con el mercado laboral y por tanto tienen que recurrir a la economía criminal como único modo de subsistencia”, señaló el director ejecutivo de Paniamor.
En este caso, el contexto de exclusión social juega en contra de los jóvenes.
De igual manera, Chaverri aseveró que está científicamente comprobado que entre peores son las condiciones de riesgo en la infancia y adolescencia, mayor es la probabilidad de que esa persona sea involucrada o reclutada por una organización criminal, o tiene mayor predisposición a ejercer violencia para resolver sus conflictos. Este modelo se llama experiencia infantil adversa.
SE NECESITA
INVERSIÓN SOCIAL
Los especialistas además concordaron en que la situación no se revertirá hasta que se incremente la inversión social y estos recursos mejoren la calidad de vida de las personas en pobreza.
“El problema es que cada día más y más jóvenes pierden la vida o deciden participar en estos grupos criminales. Las cifras de muertos en realidad es la expresión más grotesca de una situación de exclusión, desigualdad social y pobreza que ha venido fraguando en el tiempo”, agregó Valverde.
La defensora de la niñez consideró importante destacar que el control social también está fallando ya que la familia, los vecinos, la escuela, los espacios de recreación, que deberían acompañar y proteger a los jóvenes, no están actuando en el momento oportuno.
“Cuando estos controles sociales informales se pierden, debemos acudir a la respuesta del control social formal, que es la Policía, y lo que significa es cárcel. Y cuando un adolescente cae en la cárcel, todo el sistema falló en su conjunto, pues nadie actuó a tiempo”, enfatizó Fernández.
Cabe señalar que Chaverri cuestionó sobre quién debe recaer la culpa o la sanción de que estos niños y jóvenes se pierdan en manos del narcotráfico y del crimen organizado.
El especialista considera que las leyes deben sancionar a los adultos que los reclutan y se aprovechan de sus condiciones de vulnerabilidad, pobreza e incluso abandono emocional.
“En general, las personas victimarias de crímenes violentos tienden a ser jóvenes en sus veintes. Esto puede tener una explicación en la forma en que los seres humanos se desarrollan, porque, aunque legalmente la adolescencia termina a los 18 años, en realidad el proceso de maduración cerebral finaliza a los 25, en la región del cerebro más sensible al contexto social, que cumple un papel fundamental en nuestras interacciones y en la toma de decisiones”.
En criterio del investigador, las organizaciones criminales se aprovechan de los jóvenes, pues “saben que no van a medir las consecuencias de sus actos y que probablemente actúen de forma impulsiva. Además, son sancionados con menos dureza ante la ley”.