A nivel internacional no solo se conoce a Costa Rica por ser la Suiza centroamericana o “el país mas feliz del mundo”, sino también porque 50 personas han muerto esperando 20 años ser reinstaladas en sus puestos en la empresa Fertica, en Puntarenas, de donde fueron despedidas por participar en una huelga.
Así lo explicaron María Villalobos (viuda de Marcos Guzmán), Rodrigo Aguilar, Sergio Saborío, Mario Rojas, Leslier Méndez y Jorge Regidor, líderes y abogados de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, quienes visitaron DIARIO EXTRA para conversar con Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y la subdirectora Marcela Villalobos.
He aquí un extracto de la entrevista.
¿Cuándo se inicia el conflicto en Fertica?
– Rojas: El tema se inicia en noviembre de 1995 con el incumplimiento de la convención colectiva, por lo que los trabajadores denuncian ante el Ministerio de Trabajo esta situación y esa cartera actuó poco diligente, por lo que los trabajadores se levantaron en huelga. El movimiento tuvo mucha fuerza, entre 200 y 300 trabajadores se sumaron a la huelga. La empresa, lejos de buscar un arreglo, despide a todos y por supuesto a la junta directiva del sindicato, pero lo más extraño es que no había sido declarada ilegal, pero Fertica actuó rápidamente y empezó a hacer varias maniobras para descabezar el sindicato.
¿Cuáles maniobras?
– Rojas: Formó un sindicato paralelo que defendiera a la empresa y no a los trabajadores, cobró las cuotas sindicales y dejó a la verdadera organización sin recursos, sin oficina y sin nada, aunque no estaba legitimada por el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo. Además de esos actos clausuró el almacén de suministros, que estaba abierto a toda la comunidad de Puntarenas y vendía a precios muy asequibles. Se robó los equipo de refrigeración y la poca mercadería que quedó se pudrió, también saqueó la oficina del sindicato, se robó los expedientes y equipos muy valiosos en ese tiempo.
¿Qué hizo el Ministerio de Trabajo?
– Rojas: Nada, absolutamente nada. Raramente en el Ministerio de Trabajo pasaron cosas insólitas. La denuncia duró casi dos años durmiendo el sueño de los justos y no se hizo nada para defender a los trabajadores, y cuando resuelven dos años después lo envían a los Tribunales de Trabajo de Puntarenas, donde los jueces alegan que está prescrita. Hubo retardación de la justicia, como suele suceder cuando se trata de trabajadores humildes y sencillos. Pero raramente cuando se apela esa decisión es el mismo juez quien resuelve, lo que hace surgir muchas sospechas de mala intención. Lo acusamos ante Inspección Judicial y solo le llamaron la atención.
¿Qué pasó entonces?
– Rojas: Como a nivel nacional no hubo ninguna posibilidad de arreglar este problema, el asunto fue elevado ante la organización Internacional del Trabajo (OIT), donde el Comité de Libertad Sindical conoce en dos ocasiones el caso de Fertica y llama la atención al gobierno, le dice que se ha comprobado la falta de eficacia de la justicia. Le ordena al gobierno reinstalar a los trabajadores y hace caso omiso en dos oportunidades.
¿Cuál fue el paso siguiente?
– Rojas: Esto nos obligó a llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) con base en lo que dijo la OIT de excesiva tardanza en la aplicación de la justicia, una denegación a nivel administrativo y judicial. Para esa demanda presentamos como prueba lo que ya había dicho la OIT. Dice textualmente: “Los actos de discriminación y despido de dirigentes equivalen a una denegación de la justicia a instancia judicial y administrativa”.
¿Qué contestó el gobierno?
– Rojas: En ese tiempo el gobierno dijo cosas que estremecieron al mundo, que 12 años y medio sin resolver un asunto en los tribunales no era retardación de la justicia, y pidió que se archivara el caso porque ya se había resuelto en la OIT, cuyas recomendaciones para reinstalarlos había ignorado en dos ocasiones. La Comisión contestó al gobierno a ese escrito diciendo que lo dicho por la OIT era prueba calificada para este caso de violación de los derechos humanos y laborales de los trabajadores de Fertica, por eso rechazó la solicitud de Costa Rica de prescripción del caso para que se archivara.
¿Luego qué pasó?
– Rojas: Luego la Comisión abre audiencias el 10 de marzo de 2008, se apersonan la Confederación Rerum Novarum, sus abogados y Marcos Guzmán, secretario general del sindicato. Guzmán rinde la declaración ante la Comisión, los comisionados le hacen varias preguntas y él contesta que ellos no andan buscando granjerías sino que se restablezcan los derechos y la justicia. En esa reunión la Comisión nos pide un expediente de cada uno de los trabajadores para fijar los daños, se los entregamos pero el gobierno dice que quiere un arreglo amistoso, fueron solo palabras porque nunca arreglaron nada. Ni la Cancillería, ni el Ministerio de Trabajo de la administración de Óscar Arias Sánchez quisieron ese arreglo que prometieron en Estados Unidos.
¿Qué ocurrió con Marcos Guzmán?
– Rojas: Don Marcos Guzmán no regresa de esa audiencia, muere en Washington en un hospital. Murió sin ser reinstalado y en la lista negra porque nunca pudo conseguir trabajo. Esa empresa se encargó de hacer esa lista y pasarla a las empresas de Puntarenas para que no les dieran trabajo. Luego de esa sesión la Comisión no ha vuelto a ver el caso. El tema de Fertica está durmiendo el sueño de los justos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Los reinstalaron?
– Rojas: La empresa nunca quiso reinstalarlos porque cambió de razón social para evadir su responsabilidad, por lo que ha quedado en la impunidad. El gobierno actual manda escritos tratando de evadir su responsabilidad con los trabajadores de Fertica. Tenemos 20 años de estar con este caso, 20 años con este calvario, 20 años que estos compañeros han estado con trabajos inestables, haciendo actividades casuales, algunos no pudieron conseguir trabajo nunca más. Más de 50 han muerto.
¿En qué etapa está el proceso?
– Regidor: Está en la etapa final. Estamos pidiendo el pronunciamiento de fondo de la Comisión para que se le obligue al gobierno a indemnizarlos.
¿Cómo ha sido la lucha desde el punto vista legal?
– Regidor: Fuimos invisibles en todos los procesos. La empresa y su poderío hizo que prácticamente todas nuestras actuaciones fueran invalidadas. Siempre en todos los casos ofrecieron sumas ridículas de indemnización que nunca pagaron, solo para ir ganando tiempo.
¿En cuánto se calcula la indemnización?
– Regidor: En daño moral nosotros solo pedimos que el gobierno le pusiera el nombre de Marcos Guzmán a una escuela para reivindicar su nombre, pero ni eso quiso. En total la indemnización podría llegar a ¢6 mil o ¢7 mil millones entre todos porque cada día aumenta por los intereses.