El gobierno lleva un año sin haber resuelto el conflicto comercial con Panamá relativo a medidas que Costa Rica considera injustificadas por parte del vecino del sur sobre exportaciones de productos agropecuarios nacionales, que está dejando importantes pérdidas a sectores como fresa, piña, banano, lácteos, embutidos, aves y carne de res y cerdo.
Se estima que podrían haberse dejado de percibir unos $50 millones. Para la Corporación Ganadera Nacional (Corfoga), el Ministerio de Comercio Exterior debería acelerar los procesos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga, manifestó que esto no elimina la posibilidad de mantener diálogos bilaterales en la búsqueda de una solución.
“Ya ha pasado un año y varios meses infructuosos, lo que ha traído pérdidas millonarias a sectores como el lácteo y el cárnico. Los procesos con el organismo son lentos y largos, por eso es apremiante acelerar todo lo posible para lograr una solución a este conflicto tan perjudicial para la economía”, agregó Obando.
El gobierno informó este lunes que tomó la decisión de solicitar el establecimiento de un panel arbitral ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.
El proceso de solución de controversias inició en enero de este año, mediante la solicitud de celebración de consultas, fase que tiene como objetivo brindar un espacio de diálogo entre los países.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), hasta la fecha no se ha dado una solución satisfactoria y es por eso que se hace imperioso dar el paso hacia la siguiente etapa del proceso.
“Esta decisión que hemos tomado no implica, de manera alguna, una modificación de nuestra vocación al diálogo en relación con esta situación. Por el contrario, la posibilidad de alcanzar una solución al diferendo por la vía del diálogo sigue intacta, con la diferencia de que ahora estará acotada por los tiempos propios del proceso”, manifestó Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior.
Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, indicó que “las autoridades del MAG han asumido este proceso con la mayor apertura y responsabilidad, conscientes de la importancia de encontrar una solución en línea con los intereses de los productores agropecuarios”.
La defensa del caso será ejercida a través del Centro de Asesoría Legal de la OMC en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
Una vez que se establezca el grupo especial y se nombren los miembros que lo conformarán, se definirá un calendario de trabajo para los próximos pasos en el proceso.