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La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) anunció que se recibieron cinco ofertas de admisibilidad para participar en la licitación de espectro 5G.
Las empresas en cuestión fueron los operadores Liberty y Claro, además de Ring Centrales de Costa Rica S.A, Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz R.L (Coopealfaroruiz R.L.) y la Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos Responsabilidad Limitada (Coopesantos R.L).
Cabe señalar que las frecuencias en concurso fueron las bandas de 700 MHz, 2.300 MHz, 3.500 MHz y las bandas milimétricas de 26 GHz y 28 GHz.
DIARIO EXTRA consultó a Hubert Vargas, viceministro de Ciencia y Tecnología, sobre la oferta y los siguientes pasos que tendrán las autoridades para implementar la red e indicó que el cartel de 5G que se lanza este año tendrá la particularidad de poner a disposición el espectro ideal en bandas bajas, medias y altas.
En términos simples, dicha medida permitirá desplegar la tecnología en una modalidad más agresiva y con más capacidades para la población y la industria en Costa Rica.
El 11 de diciembre, Sutel comunicará a los operadores que fueron admitidos por el precio ofertado, cantidad mínima de torres de telecomunicaciones y banda de frecuencias.
“Sigue una etapa en la cual estas empresas deberán indicar su interés de participar. Una vez que se les entregue información que ha sido determinada como seguras”, explicó la presidenta del Consejo Directivo de la Sutel, Cinthya Arias Leitón.
Distintos sectores consideran que el freno que el Gobierno le puso a la implementación de tecnologías 5G proveniente de China tiene más tintes geopolíticos que técnicos.
Incluso, el decreto 44196-MSP-Micitt podría estarle saliendo muy caro a los costarricenses.
Un estudio técnico emitido por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA) acusa que la decisión de Casa Presidencial ha tenido un impacto económico y tecnológico en el país, incrementando hasta en un 40% las tarifas de internet y telefonía.
A dicha tesis se ha sumado la legisladora liberal Johanna Obando, quien considera que la no implementación de un plan de ciberseguridad adecuado de la mano con el despliegue de las redes 5G ha provocado no solamente un “atraso tecnológico gravísimo” sino la pérdida de cientos de millones de dólares.
