Los diputados ven con buenos ojos el proyecto de ley 23.935 que busca sancionar el robo de electricidad.
La iniciativa es impulsada por la oficialista Pilar Cisneros y castigaría hasta con cinco años de cárcel a quien “se guinde” del alumbrado público para obtener luz.
De acuerdo con la gravedad del daño, el texto impone penas de seis meses a cuatro años de prisión a las personas que por una manipulación ilegal generen un daño en el Sistema Nacional de Distribución de Energía Eléctrica.
Por otra parte, se impondrían sanciones de uno a tres años a quien se apodere ilegítimamente de la energía eléctrica, mediante conexiones directas de cables en la red de baja tensión y de tres a cinco años cuando se tome energía mediante el uso de la fuerza o violencia.
Lo mismo cuando se alteren sellos, conductores de acometida, se manipule el medidor y se instale algún tipo de dispositivo en cualquiera de los componentes del sistema de medición con el fin de “alterar el registro del consumo real de energía”.
La CNFL indicó que se han registrado más de 10.000 delitos relacionados con el robo de electricidad y medidores. Foto: Catalina Mairena
MÁS PENAS
La penalización podría aumentar hasta en un tercio más cuando, producto del acto ilegítimo, se ponga en peligro la vida o salud de las personas.
Asimismo, cuando quien cometa el delito sea un funcionario público, parte de una estructura de crimen organizado o, en su defecto, genere una interrupción total o parcial del suministro del fluido eléctrico.
Finalmente, recibiría sanciones de uno a tres años quien amenace o coaccione a alguien para evitar la denuncia, testimonio, investigación, acción penal o el juzgamiento de las actividades delictivas.
PÉRDIDAS MILLONARIAS
Luis Fernando Andrés Jacome y Rayner García, presidente y gerente a.i. de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), comparecieron ante la Comisión de Asuntos Jurídicos donde señalaron que el robo de electricidad ha generado pérdidas millonarias al país.
Solo en 2022, la institución perdió ¢1.117 millones por manipulación de los sistemas de distribución de los servicios eléctricos.
De 2016 a 2022 se registraron más de 10.000 ilícitos y cerca de 8.900 fueron hurtos o conexiones directas al cableado público. Los restantes fueron “robos en caliente”, es decir, se efectúa el hecho cuando el medidor está energizado con el fin de cometer vandalismo o para llevar el aparato a las chatarreras. La mayoría de las afectaciones se dan en zonas en vulnerabilidad.
“Mucha gente se guinda, roba luz, electricidad y nada de eso está tipificado como delito. ¡Se roban medidores o breakers para sacar los componentes de cobre y venderlo en chatarreras! Los domingos se nos roban cinco o seis medidores. ¡No puede ser! El robo no es a la empresa eléctrica, sino a las comunidades”, dijo Andrés Jacome.
