Cerca de 5.000 empleos corren peligro debido a los cambios en el Manual de Procedimientos para la Inspección de Vehículos, así lo estiman representantes de Importadores de Vehículos Usados.
La molestia de los importadores se debe a que el pasado 6 de noviembre se firmó una directriz para que la empresa Riteve se encargue de revisar los carros usados importados antes de ser nacionalizados.
Dicha modificación la firmaron el Ministerio de Hacienda y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
El proceso que aplicará Riteve permite verificar las condiciones en las cuales se prohíbe la importación para inscribir carros usados, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Tránsito, entre ellas, pérdida total, sacado de circulación en su país de origen, uniones estructurales, odómetros alterados o autos con volante a la derecha.
Los importadores calcularon que solamente para el Estado, un vehículo puede producir entre ¢1,5 millones a ¢2 millones, los cuales estarían perdiendo por el impuesto de nacionalización.
En total la cantidad de automotores que se encuentran en el almacén fiscal rondan hasta los 1.500.
ACLARACIONES
Andrés Salazar, representante de Importadores de Vehículos Usados de Costa Rica, afirmó que están a la espera de que Casa Presidencial impulse un acuerdo para tratar de aclarar la temática de la importación de dichos automotores.
Salazar agregó que su intención no es traer vehículos de pérdidas totales ni vehículos chatarra o que se hayan incendiado, sino de explicar cómo funciona el mercado americano para contar con claridad y seguridad jurídica.
El representante manifestó que una norma firmada el 28 de octubre y que entró en vigencia el 6 de noviembre les elimina cualquier seguridad jurídica al momento de efectuar inversiones.
Dijo que entre todos cuentan con 1.000 y 1.500 vehículos entre Estados Unidos o en Aduanas, lo que representa inversiones gigantescas.
GOLPE GIGANTE
Representantes del sector importador de vehículos consideraron que el golpe al bolsillo es gigante.
Stanley Quipuy, otro de los miembros de la cámara, dijo que la intención es explicar que la solicitud que ellos realizan es meramente legal.
Agregó que están en contra de la pérdida total, no obstante, consideró que la reparación de vehículos en Costa Rica es lícita, y citó de ejemplo que sería prohibido vender un guardabarros o una puerta.
Cuestionó que sea la empresa Riteve la que se encargue de revisar la documentación en el exterior cuando en realidad esa función debería realizarla el Estado.
Los importadores pidieron una mesa de negociación que los incluya a ellos al Ministerio de Hacienda, Cosevi y MOPT con el fin de realizar un reglamento definitivo para garantizar esa seguridad jurídica.
IMPORTADORES OPINAN
• Andrés Salazar
“Nos elimina toda seguridad jurídica, realizamos inversiones en Estados Unidos, compramos entre todos de 1.000 y 1.500 vehículos que están sea en Estados Unidos o aquí en aduanas significando inversiones gigantescas para nosotros, significando miles de empleos que están viéndose afectados y que no podrían continuar si esto sigue así, cierres de empresas por falta de movimientos o liquidez y muchas otras situaciones”.
• Stanley Quepuy
“Queremos que el gobierno nos explique bien el término “hayan sido sacados de circulación de su país de exportación” porque quieren meter en el mismo canasto cualquier condición que tenga un vehículo para denegarle la entrada al país. Igualmente queremos denunciar que Riteve no está considerado para revisar documentación en el exterior, esa función la debe realizar el gobierno, pero por qué una entidad privada”.
• Jorge Salazar
“Estamos presentes para ver si el gobierno nos escucha y nos ayudan a tramitar un transitorio en donde podamos desalmacenar todos los carros que tenemos en los almacenes y ya que no podemos nacionalizar en estos momentos ninguno. Ahorita debe haber unos 1.000 carros en los almacenes que nos están impidiendo sacar y eso está afectando toda la economía del país”.
• Eduardo Méndez
“Queremos que el gobierno nos atienda. Que nos permita sacar los vehículos que tenemos en almacén fiscal, algunos ni siquiera han sido embarcados en Estados Unidos, principalmente por diferentes regulaciones o reglamentos que nos han impuesto y que nos han afectado de forma sorpresiva”.