Alrededor de 450 expedientes se archivan cada mes en los Tribunales de Justicia del II Circuito Judicial de San José, mediante actos conclusivos como la desestimación y el sobreseimiento definitivo, ya sea por falta de prueba o atipicidad (ver recuadro).
Sin embargo, es preocupante la cantidad de los casos en los que se extiende demasiado el plazo de la prescripción de la acción penal en asuntos de probidad que se presentan ante el Juzgado Penal de Hacienda.
Fuentes confidenciales mostraron su preocupación a DIARIO EXTRA sobre lo que ocurriría en dicha sede judicial, ya que es precisamente ese Juzgado en donde se analizan los casos que se siguen por corrupción, tales como las investigaciones por denuncias en contra de los expresidentes de la República, Laura Chinchilla, Carlos Alvarado y otros funcionarios como el exmagistrado Celso Gamboa.
Trascendió que se archivan cientos de casos, un promedio de 8 diarios, y en cuanto a las desestimaciones son archivos no definitivos, de modo que el ente fiscal ni siquiera tiene la expectativa de reabrir las actuaciones.
Y además pasaría en otros casos que la autoridad jurisdiccional, al darse del plazo de la prescripción, tampoco dicta el archivo definitivo, por lo que no se da sobreseimiento de la causa, y esto deja asuntos sin cierre.
Lo anterior se traduciría en una transgresión a los derechos fundamentales de las partes en un proceso penal, toda vez que nunca se llega al grado de certeza jurídica, tanto para quien denuncia como para quien es denunciado.
DE LA VISTA GORDA
Lo más grave sería que, con respecto a las actuaciones del ente fiscal en los expedientes en que solicita desestimación, y aún los casos prescritos, en muchos casos ni siquiera habría actuaciones de investigación, bajo el argumento de que quien denuncia no aporta la prueba, no tienen ninguna diligencia o tramitología.
Ejemplo de lo anterior es un caso en que las víctimas denuncian a funcionarios de la policía, tanto de Fuerza Pública como de la Policía Municipal, en los que el ente fiscal pareciera no hizo el esfuerzo de ubicar al imputado, declarándolo ausente en el proceso.
También se empolvarían casos de abuso policial en los que se repiten los imputados, pero curiosamente no los ubican nunca en las delegaciones donde trabajan, aunque llegan a laborar todos los días, lo que podría tomarse como actuaciones de desinterés para brindar un real acceso a la justicia a los denunciantes y de cerrar los casos de forma adecuada.
Lo anterior pareciera reflejar la falta de una investigación en que se determine si existe o no una responsabilidad criminal en las actuaciones de funcionarios denunciados y así cerrar los casos, brindando una respuesta adecuada a las partes, ya que resulta más fácil que el transcurrir del tiempo deje impunes delitos o que se mantengan causas atípicas en vilo, perjudicando los derechos de personas que no han cometido delito alguno.
Por su parte el Periódico del Pueblo, al preguntar al ente fiscal sobre las estadísticas de los casos en cuestión, se informó que no cuentan con datos tan específicos, pero que en el mes de junio pasado se registraron dos casos por prescripción.