Un 40% de la población está sin acceso a una pensión y en mucho obedece al incremento en los empleos informales. Así lo manifestó el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, en un foro organizado por la Superintendencia de Pensiones (Supen).
Esta situación preocupa a las autoridades, pues hasta ahora ningún mecanismo ha logrado corregir el panorama, por el contrario, cada vez son más las personas que trabajan sin acceso a un seguro médico o de pensión.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que, a setiembre, el porcentaje de ocupados en la informalidad era de 822 mil personas, de las cuales 542 mil son hombres y 280 mil mujeres.
Se concluyó, como parte de la Encuesta Continua de Empleo al tercer trimestre, que las mujeres han sido las más afectadas con la pérdida de trabajo con respecto al año anterior.
De acuerdo con Cubero, este es uno de los problemas que hay que atender y uno de los tantos desafíos en materia de pensiones, al igual que el envejecimiento acelerado de la población.
El jerarca del ente emisor cree firmemente en reducir las cargas sociales y elevar otros impuestos para compensar. Una idea que surgió en alguna oportunidad fue el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
“Los regímenes enfrentan serios problemas de financiamiento. Es importantísimo ir reduciendo las cargas sociales y transferencias vía impuestos generales, incluyendo el financiamiento de la medicina pública. Eso permitiría bajar la informalidad. Hay que encontrar soluciones viables frente a estos desafíos”, destacó.
Un reciente estudio de la Cámara de Comercio menciona que el empleo que se está recuperando sería el informal, donde no se pagan impuestos, ni hay cobertura de seguros o salarios mínimos.
El empleo informal recibió el mayor impacto, sin embargo, es más resiliente y tiene mayor capacidad de recuperación que el empleo formal, pues no debe afrontar la tramitología y el pago de las cargas sociales, según manifestaron.
El gobierno estaría valorando presentar un proyecto de ley para dar una especie de amnistía a quienes tienen deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La idea es ofrecer algún tipo de flexibilidad tomando en cuenta las propuestas de algunos sectores.