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La necesidad de comer o de salir de alguna jarana fue el enganche del que se valió una red de traficantes de órganos para atraer al menos a 20 personas y convencerlas de vender sus riñones a precios que iban de los ¢3 millones a ¢10 millones para comercializarlos con extranjeros hasta en ¢50 millones.
Tal como lo informó DIARIO EXTRA en la edición del 18 de junio, el presunto cabecilla en nuestro país resultó ser el jefe de Nefrología del Hospital Calderón Guardia, un médico de apellido Mora. En esa misma ocasión se capturó a una funcionaria del Ministerio de Seguridad Pública de apellido Cordero, quien cumplía el papel de atraer a las víctimas.
Después de cuatro meses la investigación siguió en pie y fue así como los agentes de la sección de Delitos contra la Vida y fiscales del Ministerio Público determinaron la participación de tres médicos más de este centro hospitalario en la red.
Se trata de un urólogo de apellido Fonseca, nacido en Colombia y naturalizado costarricense; así como de dos médicos vasculares periféricos de apellidos Monge (tico) y de Anuzzia, este último nacido en Italia con residencia costarricense.
USABA PIZERÍA PARA ATRAER VENDEDORES
Autoridades identificaron a un sexto integrante de la organización, a quien identificaron como un residente en nuestro país de apellido Katsigiamis, de 55 años; nacido en Envoustri, Grecia.
De acuerdo con los investigadores, Katsigiamis permanece en nuestro país desde hace más de 20 años. Judiciales determinaron que el foráneo es el dueño de la pizzería Acrópolis, ubicada al frente del Calderón Guardia.
Francisco Segura, director del OIJ, señaló que el griego cumplía un rol similar al de Cordero. “Tenía alguna comunicación con los clientes que llegaban al restaurante, contactaba a las personas no solo con problemas económicos y las ponía en contacto con los que estaban metidos en la banda”, señaló.
OIJ PIDE A VÍCTIMAS QUE SE ACERQUEN
Carlos María Jiménez, fiscal en ejercicio, sostuvo en conferencia de prensa, que preliminarmente se presume de al menos hay 20 víctimas, sin embargo no descartan que sean más, pues aparentemente este negocio ilícito lo realizaban desde el 2009.
Ante esta situación, el director del OIJ hizo un llamado a todas las personas que por diferentes razones se dejaron extraer el riñón y recibieron paga.
“Estas personas son víctimas, por favor acérquense a la policía, no crean que vamos a iniciar una investigación en contra de ustedes”.
La información que estos “donantes” brinden serán vitales para las autoridades, pues determinará si hay más vinculados a esta organización transnacional.
Segura expresó que los afectados hacían un contacto inicial con el doctor Mora. “Es la persona que figura como el que manejaba el negocio desde antes del 2009, sobretodo por su especialidad en Nefrología. Los últimos tres doctores detenidos son los autores materiales, que laboraban en conjunto con Mora”.
¿COMPRADORES ESTÁN BAJO INVESTIGACIÓN?
Ha trascendido que los compradores de estos órganos son árabes, griegos e israelitas. Segura acotó que deben determinar si en el país de origen tienen como delito el tráfico de órganos. De ser así estarían ante un delito, de lo contrario podría decirse que incurrieron en un error, al ser traídos.
Otras que estarían bajo la lupa serían cada una de las clínicas privadas que alquilaron las instalaciones, para efectuar estos macabros hechos.
El doctor César Gamboa del Ministerio de Salud, detalló que en este año presentaron un proyecto de ley para actualizar la “Ley de Donación y transplante de órganos”. “Se pretende pedir una serie de regulaciones mayores, queremos crear una instancia a nivel nacional que rija tanto a lo interno de la Caja Costarricense del Seguro Social como en las clínicas privadas, donde se pretende velar por cada una de las acciones que se ejecuten”
CAEN CON LAS MANOS LLENAS DE SANGRE
Javier Valerio, el fiscal a cargo de esta investigación, mencionó que la misma no ha concluido, por lo que aún no se ha establecido que haya más receptores de otras nacionalidades.
Al parecer, Mora y Fonseca se encargaban de las intervenciones quirúrgicas de la extracción de los órganos e implantación hacia los receptores. El fiscal indicó que “eran los que se llenaban las manos con sangre”
Estos tres últimos de gabacha blanca fueron detenidos: uno en las afueras del hospital, otro en su consultorio y Anuzzia cayó en Hacienda Pinilla, en Santa Cruz de Guanacaste, donde al parecer disfrutaba de unas vacaciones.
La vivienda del griego, ubicada en Coronado, también fue allanada y decomisaron evidencia importante que los vincula, tales como documentos y aparatos electrónicos con información de las víctimas.
De acuerdo con el artículo 172 del Código Penal, el tráfico de órganos tiene una pena de los 6 a 10 años cárcel. No descartan más detenciones.
Fiscales contra la delincuencia organizada les tomaron la declaración y solicitaron prisión preventiva en su contra, como medida cautelar. Al cierre de edición el Juzgado no había determinado la situación jurídica de cada uno.