4 de cada 10 docentes enfrentan agresiones en su centro educativo

El profesorado costarricense enfrenta un panorama alarmante, cuatro de cada diez docentes han sido víctimas de agresiones verbales o físicas por parte de estudiantes o sus familiares en los últimos 12 meses. Además, un 85% asegura conocer al menos a un colega que ha sufrido violencia física o emocional por parte de esa misma población.

El magisterio vive un “régimen de terror”. Así describe César Toruño, presidente del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), la realidad que atraviesan los educadores en los centros educativos del país.

“Hay un régimen de terror porque el magisterio teme ser agredido por un estudiante o un familiar. Teme que se presenten denuncias falsas y también el acoso cibernético en redes sociales”, afirmó Toruño a Diario Extra.

Los datos corresponden al Estudio sobre las Condiciones y Desafíos de los Docentes y del Magisterio Nacional, presentado por Colypro. El informe también evidencia el temor constante a ser objeto de denuncias falsas: la mitad de los docentes lo siente con frecuencia, un 41% de manera ocasional y solo uno de cada diez asegura no experimentarlo nunca.

“Hay mucho miedo porque, ante estas circunstancias, los procedimientos del Ministerio de Educación prácticamente dan por culpable al docente sin haber seguido el debido proceso”, señaló Toruño.

A esto se suma el temor de llegar al aula, ya que muchos deben convivir con quienes los han agredido.

“Un estudiante los agrede, una familia los agrede, y el sistema los obliga a seguir compartiendo el mismo espacio con el agresor”, añadió.

El estudio también revela que casi 9 de cada 10 docentes temen convertirse en la próxima víctima, lo que profundiza la sensación generalizada de inseguridad dentro del sistema educativo.

“Este indicador sugiere un ambiente en el que las relaciones con estudiantes y familias están atravesadas por inseguridades y percepciones de desprotección institucional”, indica el informe. 

“Sistema normativa no respalda al docente”

Toruño explicó que la raíz del problema no es solo cultural, sino también normativa. Asegura que Costa Rica carece de leyes que protejan efectivamente al personal docente, y por el contrario, muchas disposiciones vigentes terminan exponiéndolos aún más.

“La legislación que tenemos no respalda al personal docente. En la última década se aprobaron leyes y protocolos que más bien terminan agrediendo al docente”, indicó.

Como ejemplo, citó la Ley 9999, la cual según dijo permite que, ante una acusación, incluso falsa, el docente sea trasladado de inmediato de su centro de trabajo, generando un estigma social sin haber iniciado siquiera una investigación formal.

“Si un estudiante acusaba falsamente a un docente, al día siguiente ya lo trasladaban. Aunque fuera inocente, quedaba condenado socialmente frente a estudiantes, colegas y familias”, explicó.

Existen casos reales 

La experiencia de “María”, maestra de educación preescolar con más de 20 años de servicio, ilustra el vacío de protección que denuncian los educadores. Ella aceptó relatar su historia bajo anonimato por temor a represalias.

María obtuvo una plaza en propiedad en un centro educativo de una zona altamente conflictiva. En 2024, una vecina del barrio le alertó sobre un niño, alumno de otra docente que aparentemente era golpeado por su niñera con autorización de su madre.

“Yo hice lo que el MEP exige: activé el protocolo, fui al PANI y a la Fiscalía. Era mi obligación legal y ética”, relató.

Sin embargo, su compañera, docente guía del menor, le dijo a la madre del niño que “María” había puesto la denuncia. Desde ese momento, todo se salió de control.

Al día siguiente, familiares del menor llegaron a la escuela y la agredieron. Tuvo que ser sacada en un operativo de seguridad. Cayó en ataques de pánico, algo que jamás había experimentado.

Lo peor llegó después. Cuando intentó volver a la escuela, fue encañonada en la parada de autobús por sujetos desconocidos.

“Me dijeron: ‘Lárguese de aquí. Aquí no vuelva’. Hasta hoy no sé quién fue: si la familia, si la niñera, o si compañeras. En la escuela había bandos, era como una mafia”, dijo.

El OIJ investigó, pero no encontró pruebas ni testigos, y las cámaras no fueron útiles. El caso se cerró sin medidas de protección para ella.

Ante el riesgo, fue reubicada temporalmente por gestión sindical y dictámenes psiquiátricos. Pero su situación quedó en el limbo.

Su plaza en propiedad continúa en el mismo centro educativo donde fue amenazada, y teme que la envíen de vuelta.

“Fue lo peor de mi vida laboral. Mis niños perdieron clases, yo perdí mi estabilidad, y el MEP nunca me respaldó. Cumplimos protocolos que ellos mismos exigen, pero cuando nos pasa algo, estamos solos”, concluyó.