Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, advirtió que organizaciones criminales que se dedicaban al narcotráfico ahora se dedican al robo de combustible.
Sus operaciones se realizan especialmente en la provincia de Limón, donde incluso se han registrado homicidios vinculados a dicha actividad ilícita.
“Entre ellas está la de Macho Coca, quien se encuentra detenido por este ilícito. También podemos mencionar la banda de los hondureños, alias Shock, y los elementos adscritos a Peña Russell. Es decir, hay un conglomerado de sujetos criminales relacionados con el narcotráfico que ahora se dedican al robo de combustible”, puntualizó.
Zamora dijo agregó que, a lo largo del país, operan otras agrupaciones criminales dedicadas a dicha actividad y que suelen instalarse en zonas montañosas para evitar ser detectadas por la Fuerza Pública.
Una de las principales preocupaciones de las autoridades es el nivel que han desarrollado dichas organizaciones criminales.
“Definitivamente la forma es cada vez más sofisticada. Nosotros también hemos mejorado en vigilancia, pero ellos han evolucionado. Hemos visto dispositivos tecnológicos como manómetros para medir presión y controles a distancia para abrir y cerrar las tomas. Sin duda, vemos una mayor inversión por parte de estas estructuras criminales”, explicó Karla Montero, presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Durante los primeros 5 meses del 2025, las autoridades desmantelaron 32 tomas ilegales de combustible; en promedio, 1 cada 5 días aproximadamente.
Las operaciones permitieron además la aprehensión de 26 personas vinculadas a actividades ilícitas relacionadas con la sustracción de hidrocarburos, mientras que otras 9 fueron detenidas en intervenciones adicionales.
“Estamos viendo réditos claros de una estrategia integral basada en tecnología, capacitación especializada y articulación institucional. Sin embargo, el problema sigue vigente y no podemos bajar la guardia”, manifestó la presidenta de Recope, Karla Montero.
La afectación económica es alta: en lo que va del 2025, se han perdido ¢666 millones por dicha actividad ilegal.
“Traducido a cisternas, estamos hablando de 22 camiones que este año no cayeron en manos criminales. Además, el país pasó de perder ¢1.134 millones en 2023 a ¢666 millones en 2025”, precisó la funcionaria.
La ley
• Se impone una pena de 6 meses a 4 años de prisión, a quien dañe de cualquier forma el Sistema Nacional de Combustibles. Si a consecuencia del daño, se produce un derrame de combustibles, la pena será de 4 a 6 años.
• Quien robe combustible, recibirá una pena de 5 a 15 años de cárcel.
• Quien transporte o distribuya el combustible de forma ilegal, se expone a penas de 1 a 4 años en prisión.
