Luego de que se separara de importantes casos a 15 peritos por orden del Consejo Superior del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República deberá reprogramar casi 400 diligencias en las que colaboraban dichos especialistas.
La labor de indagación y análisis que realizaban estos profesionales para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) resultaba vital para avanzar de manera rápida en el desarrollo de las pesquisas, lo cual ahora tomará meses en terminarse.
Así lo explicó la fiscala general Emilia Navas, quien comentó que muchos de los procesos que se tenían agendados para este 2018 deberán esperar para completarse hasta el primer trimestre del próximo año.
“Estas 390 diligencias están siendo reprogramadas, hablamos de respaldos, análisis forenses, rendición de informes, ahora debemos establecer prioridades sobre el gran número de casos que tenemos que atender. Hay muchas prioridades”, externó.
“Los allanamientos no se atrasan como tales, porque si uno considera que se requiere, se hace, pero se dejan de hacer muchas cosas en agenda, por lo que se interrumpe otro tipo de labores que también son importantes”, agregó.
Navas sostuvo que no solo se verán afectados los casos más sonados como el del cemento chino, Yanber o Infocoop, sino también otros relevantes para miles de costarricenses a la espera de justicia.
“Tenemos casos de menores de edad, adultos mayores, reos presos, violencia, corrupción, entre todo eso y el resto de los asuntos, secuestros, crímenes organizados, homicidios, por lo que vemos cada caso en particular y a cuál le damos prioridad”, aclaró.
AYUDA VITAL
La Fiscala General puntualizó que la ayuda de los 15 peritos es vital y la requieren a como dé lugar, por lo que esperan que el próximo jueves, cuando el Consejo Superior vuelve a analizar el tema, se los devuelva.
Lo anterior, especialmente porque gran parte de la ciudadanía está muy pendiente de los casos de corrupción y para lograr el resultado que el pueblo desea se ocupa todo el apoyo posible desde el área investigativa.
Incluso informó que dentro del presupuesto para 2019 hicieron hincapié al Gobierno de la República de que se debe ampliar la cantidad de personas que laboran en las Secciones de Delitos Informáticos y Fraude.
“Lo pedimos para el presupuesto del 2019, estuvimos trabajando varios días en Corte Plena mientras se formuló el presupuesto para el 2019 y tanto Walter Espinoza, director del OIJ, como nosotros, hicimos clara la necesidad de más funcionarios”, insistió.
Los 15 peritos con los que ya no cuenta el OIJ son 6 de auditores más 9 ingenieros, los cuales se encargaban de revisar dispositivos electrónicos como laptops, celulares y demás, labores fundamentales para esclarecer los chorizos.
Estos fueron separados de la labor de apoyo que brindaban a dichos departamentos de manera especializada, debido a que originalmente fueron llevados para el caso del Cementazo.
Según el Consejo, los agentes fueron asignados para investigar las pruebas del cemento chino, pero, al notar que asignaron a los funcionarios a otros casos, decidieron pedir un informe y no renovar de inmediato las plazas.
Esto molestó sobremanera a Espinoza, quien sostuvo hace una semana que sabrán si les devuelven a dichos especialistas hasta el 23 de agosto, lo que para él demuestra falta de interés.
En especial porque desde el mes anterior se hizo la solicitud de que los peritos se quedaran en las instalaciones de la Policía Judicial, pero el Consejo nunca quiso ver el tema en sus sesiones.
Tras lo sucedido, el proceso para analizar y determinar la culpabilidad de los responsables en los sonados casos de corrupción puede sufrir un largo retraso no solo para el OIJ, sino también para la Fiscalía General de la República.
En todos los casos de corrupción que se analizan, se decomisó computadoras, teléfonos celulares, memorias externas y demás dispositivos electrónicos, por lo que su revisión ahora tomará más tiempo.
Desde el OIJ informaron que, de no recibir la ayuda, seguirán trabajando como lo han hecho hasta ahora, pero que la ciudadanía debe tener presente que no será con la misma celeridad que se esperaba o se requiere.
ESPERA QUE NO HAYA
BOICOT EN SU CONTRA
Ante las justificaciones tan extrañas por las cuales se ha dado la destitución de los peritos, se consultó a Navas si esto podría ser un boicot por parte de alguien para evitar que se resuelvan los casos de corrupción.
La funcionaria dejó claro que no quiere creer que haya algún tipo de intervención malintencionada para retrasar los casos, en especial desde que el Poder Judicial atraviesa una de sus crisis más grandes por la pérdida de credibilidad frente a la ciudadanía.
“Yo espero, y tengo la fe, de que se determine que es una falta de comprensión o mala interpretación, que no entienden la necesidad de las plazas, y que no se trata de un boicot”, afirmó.
Y subrayó: “Espero que no se trate de un boicot para que los casos de corrupción dentro de la institución o fuera de la misma no caminen (…), estoy muy preocupada, no es posible que debamos atender asuntos tan graves y complejos con poco personal”.
Para este jueves, se espera que el Consejo Superior Judicial tome una determinación y de esta manera diga sí o no a la solicitud del OIJ, con el fin de lograr que se avance más pronto en las investigaciones.
DIARIO EXTRA intentó conocer la opinión de Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre las declaraciones de Navas, pero al cierre de esta nota no se logró establecer comunicación.