389 centros educativos están sin proyecto para corregir órdenes sanitarias
Defensoría notificó informe al MEP sobre infraestructura
El curso lectivo 2026 arrancó con 389 centros educativos con órdenes sanitarias vigentes y sin ningún proyecto asignado para su reparación, esto según un informe técnico remitido por la Defensoría de los Habitantes.
A nivel nacional, el Ministerio de Educación Pública (MEP) acumula 871 advertencias sanitarias, de las cuales 101 están en categoría roja, es decir, con riesgo inminente de cierre por poner en peligro a la comunidad escolar. La mayoría de esos casos se concentra en la provincia de Limón.
La Defensoría notificó oficialmente al MEP un informe técnico que cuestiona el modelo actual de infraestructura escolar en Costa Rica y lo señala como una vulneración directa a los derechos humanos de miles de estudiantes.
Escuela Barrio Carit.
Un modelo que ya no da más
El problema no es solo la falta de planificación o presupuesto, sino un sistema que traslada la responsabilidad de construir y mantener las escuelas a las Juntas de Educación, conformadas por vecinos y padres de familia voluntarios, quienes deben contratar ingenieros, supervisar obras y manejar presupuestos de cientos de miles de millones de colones.
Esta estructura ha derivado en fondos atrapados en cuentas bancarias mientras los estudiantes reciben clases en condiciones precarias. Hay proyectos iniciados en 2013 o 2015 cuyos recursos permanecen congelados más de una década después, y las obras siguen sin concluir.
La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, señaló la raíz de la crisis:
“El modelo actual que transfiere fondos con fundamento en la matrícula a una Junta que los ejecuta, está agotado en su forma presente y requiere una reingeniería que traslade la responsabilidad a la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) y profesionalice la gestión de las inversiones”, expresó.
Según el ente defensor, la crisis se da por cuatro fallas:
Responsabilidad injusta: Se le exige a miembros de las juntas dominar leyes complejas de contratación pública y conocimientos de ingeniería que superan por mucho sus capacidades.
Fondos ociosos y burocracia: El simple hecho de enviar dinero a Caja Única a nombre de las Juntas no se traduce en escuelas construidas. Al no haber capacidad de gestión local, los fondos se quedan congelados debido a vacíos legales y trabas administrativas.
Falta de un mapa real de necesidades: El MEP no cuenta con un diagnóstico integral y actualizado en tiempo real sobre el estado físico de todas las escuelas del país, actuando solo cuando estalla una emergencia.
Aumento de la desigualdad: Las escuelas de zonas rurales o con menor desarrollo social sufren mucho más, ya que sus Juntas locales tienen menos herramientas técnicas para defender y ejecutar los proyectos, ensanchando la brecha educativa.
Escuela Pocosol.
Ruta de atención propuesta
Ante esto, la Defensoría le recomendó al MEP diseñar una Programación Decenal 2026-2035 que defina qué escuela se intervendrá, cuánto costará y cuándo se entregará, priorizando los centros con órdenes sanitarias.
También le solicitó un plan para trasladar la carga técnica y legal de la construcción de regreso al Estado, convirtiendo a las juntas en aliadas de vigilancia social y no en constructoras obligadas.
