Un total de 387 grandes contribuyentes, catalogados así por la Dirección de General del Tributación (DGT), aún no entregan factura electrónica a sus clientes, pues de los 428 existentes, solo 41 (9,6%) usan el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Ministerio de Hacienda.
Tomando en consideración que su implementación obligatoria está fechada para el 1° de noviembre próximo, puede decirse que la cobertura que en la actualidad es baja.
Por otro lado, de los 137.741 profesionales liberales que son contribuyentes, solo 38.934, es decir el 28%, emiten los comprobantes electrónicos, para un total de 98.807 que no facturan de manera digital.
Esta situación es de preocupación para la Contraloría General de la República (CGR) que concluye que, a pocos meses de la implementación obligatoria, la cobertura es baja, tras evaluar el periodo comprendido entre del 1° de enero del 2014 al 31 de mayo al 2018.
En el caso de los grandes contribuyentes, que son los negocios comerciales y otros, la entidad fiscalizadora del Estado, en el informe Dfoe-Saf-IF-00011-2018 detalla que “si bien este segmento de contribuyentes tiene plazo de obligatoriedad hasta el 1º de noviembre, a la fecha de cobertura es baja si se considera que faltan menos de cuatro meses para que venza el plazo de inicio para la emisión de facturas electrónicas para todos los contribuyentes”.
ESCASA
Agrega la entidad contralora que “en el caso de la masividad de contribuyentes (contribuyentes de menor tamaño) también se observó una escasa cobertura. Por ejemplo, los profesionales liberales debían ir ingresando de manera gradual al proceso de facturación electrónica a partir del 15 de enero del 2018, según lo definió la DGT, con una expectativa de que, al mes de mayo de 2018, los profesionales liberales inscritos ante la Administración Tributaria estuvieran facturando electrónicamente”.
Al respecto, Julisa Sáenz, gerente de Administración Financiera de la CGR, recordó que la factura electrónica es un instrumento que contribuye a la transparencia, al combate de la evasión y a fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias que generan ingresos necesarios para la provisión de los servicios públicos.
“En el caso de la masividad de los contribuyentes, al 31 de mayo, solo un 28% de profesionales liberales inscritos y obligados a emitir comprobantes electrónicos lo estaban haciendo, particularmente en el sector contable-financiero solo un 14% estaba utilizando el sistema”, recalcó Sáenz.
De acuerdo con la entidad fiscalizadora, en el sector salud, un 45% de los profesionales liberales empleaban dicho instrumento y un 55% perteneciente al sector legal; mientras que en el caso de los profesionales que laboran desde en la ingeniería, arquitectura e informática, solo un 33% lo usaba y un 17% de otros sectores.
SIN EXPLOTAR
Otro de los aspectos señalados por Sáenz, es el hecho de que la DGT no ha podido usar ni explotar la información obtenida a través del sistema en las labores de inteligencia y control tributaria, aspecto que puede diluir la percepción de riesgo de parte de los contribuyentes.
Asimismo, de la auditoría se desprende que Hacienda carece de un plan de trabajo enfocado en la migración de la información del Data Center Codisa al Data Center Guatuso con actividades específicas del Sistema de Comprobantes Electrónicos.
“Se determinaron debilidades relacionadas con la formulación y evaluación del proyecto, en cuanto a la razonabilidad del precio, la estimación de la demanda y ausencia de evaluación financiera y económico-social”, reseñó Sáenz.
Hacienda suscribió el contrato denominado “Servicio de una solución para el desarrollo, implementación y operación de un sistema de recepción, validación y almacenamiento de comprobantes electrónicos” por $8,5 millones, tras requerir información de dos instancias públicas, sin considerar, a criterio de la Contraloría, información técnica y económica de entes del sector privado a fin de establecer la oferta más conveniente para el proyecto de comprobantes electrónicos.
Entre marzo del 2017 a mayo del 2018, el volumen de transacciones tramitadas por el sistema de Comprobantes Electrónicos es de 47.526.806, lo que implicó un pago de poco más de $1,5 millones.
“Lo anterior ocasiona ineficiencia en el uso alternativo de los recursos públicos, pues de la etapa de planificación del proyecto no se puede determinar con certeza si el Ministerio de Hacienda pagó un precio razonable por la contratación del sistema para la recepción, validación y almacenamiento de comprobantes electrónicos. Una estimación más acertada de los volúmenes de transacciones, de previo a la adjudicación del contrato, podría haber tenido efecto sobre el diseño de la solución informática y su costo”, puntualiza la Contraloría.