Un total de 350 personas que realizaban actividades ilícitas pudieron detener las autoridades en Colombia durante 6 meses mediante el mecanismo de recompensa y precisamente una iniciativa similar a esta se pretende implementar en Costa Rica.
La propuesta legislativa plantea crear un fondo de recompensas en denuncias asociadas al narcotráfico y el crimen organizado con el objetivo de agilizar las capturas.
El dinero saldría de la generación de intereses que producen las inversiones del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Para el caso colombiano, se utilizó un lema que era “el dinero no paga, el colaborar sí”, y al parecer este tipo de medida económica caló en la población.
En el caso de quienes delaten a presuntos homicidas, la recompensa que han ofrecido es del equivalente a ¢1,3 millones. Habría que ver si la plata aquí alcanza para dar este tipo de montos.
La tabla de los colombianos supone elevar la suma, según sea el tipo de delito. El alertar a las autoridades de un eventual ataque terrorista supone recibir un pago de ¢6.580.141.
Para el caso de Costa Rica, todavía hay mucha tela que cortar, pero sin duda es un proyecto interesante que podría generar muchos réditos a largo plazo, siempre y cuando pueda comprobarse que ayuda a la detención de criminales.
La expectativa es que la entrega de estos dineros no se preste para corrupción, es decir, que la plata no termine usándose para cosas no previstas.
Sin duda, muchos costarricenses pueden saber información que sería de gran ayuda para las autoridades judiciales y que contribuiría a resolver casos calificados como complejos.
El dar dinero se tomó como una medida casi desesperada ante el aumento desmedido en las cifras de delincuencia. Sin embargo, lo más importante es evaluar el costo-beneficio.
Aunque debería ser gratuito cualquier interés por ayudar a bajar la criminalidad, dado que arriesgan la vida, muchos deciden callar a menos que reciban una retribución económica, de modo que se vuelve una necesidad ante el aumento de la criminalidad.