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Según el informe AII-06-2025, el cual responde a una Auditoría Interna del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), se reveló que la institución otorgó la propiedad a 332 personas sin cumplir con los requisitos de idoneidad ni con los criterios legales establecidos por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).
Se detectó graves irregularidades en los procesos de nombramiento en propiedad de funcionarios interinos, realizados bajo la aplicación del Transitorio IX de la Ley Marco de Empleo Público.
El documento indica que estos nombramientos se realizaron sin aplicar las pruebas de idoneidad técnica y psicométrica obligatorias y sin comprobar la condición de elegibilidad.
Además, menciona que 68 funcionarios obtuvieron la propiedad de sus plazas sin cumplir el requisito mínimo de haber ocupado el puesto de manera ininterrumpida durante dos años al 10 de marzo de 2023, fecha límite fijada por la Ley Marco de Empleo Público y la resolución DG-RES-88-2023.
El informe advierte que estas acciones representan un incumplimiento al principio de legalidad, lo que podría acarrear nulidad de los actos administrativos, así como responsabilidades civiles, disciplinarias e incluso penales para los funcionarios que aprobaron o ejecutaron los nombramientos. El Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de LA Infancia (SEPI) se pronunció tras darse a conocer y aboga por una investigación seria, independiente y transparente.
“Que no castigue a quienes actuaron de buena fe, pero que sí permita identificar con claridad a quienes, desde posiciones de decisión o poder, impulsaron o autorizaron procedimientos, o que, desde una posición de ventaja, indujeron al error mediante criterios contrarios a la normativa vigente”, señaló el SEPI.
El sindicato agregó que esperan que el proceso se resuelva de la mejor forma posible, sin afectar la estabilidad de quienes ya fueron notificados de su nombramiento en propiedad.
Por su parte, el patronato se pronunció por medio del director de despacho, José Alonso Chaves, indicando que ya se tomaron medidas inmediatas “En cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría, desde el viernes 24 de octubre, la Presidencia Ejecutiva inició la búsqueda de asesoramiento externo (vía contratación de emergencia) para la elaboración de un análisis jurídico de la situación y las recomendaciones sobre las acciones para cumplir con el informe.Este mismo servicio de órgano externo se encargará de realizar una investigación preliminar sobre los hechos expuestos en el informe y con base en los resultados se procederá a tomar las acciones respetivas sobre la responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los presuntos funcionarios responsables”, expresaron.