El proyecto de reforma al Empleo Público (expediente 21.336) suma a este momento 301 mociones, luego de “quemarse” el primer día para la presentación de enmiendas por parte de los diputados según lo establece el artículo 137 del Reglamento Legislativo. Pero aún falta un segundo día, por lo que los legisladores, sí así lo quieren, pueden presentar más mociones.
¿Qué procede ahora? Esto hace que la Comisión de Gobierno y Administración, donde se dictaminó el expediente el pasado 10 de noviembre, se reúna el martes y comience el lento trámite de conocer (votar para aprobar o rechazar) cada una de las 301 primeras mociones.
El trámite requerirá muchas sesiones extraordinarias, ya que el reglamento establece que cada diputado tiene hasta 15 minutos para defender su moción, lo cual llevará a que se establezcan negociaciones.
Ya el jefe liberacionista Luis Fernando Chacón (miembro de la comisión) lo anunció cuando indicó que buscarán agrupar mociones por tres grandes temas: salario global, rectoría y convenciones colectivas.
Además, cabe recordar que, si las mociones son rechazadas en comisión, el legislador tiene la oportunidad de reiterarlas en Plenario, cuando se comience a conocer el proyecto.
Esto pone en tela de duda si dicha reforma podrá estar aprobada antes de junio, como han pedido el Gobierno y las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).
¿QUÉ SE HA MOCIONADO?
Prácticamente todas las bancadas han propuesto mociones. Los diputados Dragos Dolanescu (independiente) y José María Villalta (Frente Amplio) proponen cambios al artículo 2 del proyecto en referencia a quienes debe incluir la reforma.
Mientras el primero argumenta que se debe dejar por fuera al Poder Judicial, ya que de no hacerlo el país podría sufrir consecuencias de carácter administrativo internacional, el frenteamplista Villalta simplemente lo excluye de la propuesta y en otra moción pide también eliminar de la cobertura de la ley a las empresas públicas en competencia, como el ICE y el INS.
La oficialista Paola Vega también pide excluir a las empresas e instituciones públicas en competencia y las universidades estatales.