Managua. (EFE) – La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua elevó a 282 el número de muertos, entre ellos 12 menores de edad, en el marco de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega iniciadas el 18 de abril pasado.
Entre los 282 fallecidos que contabilizan hasta el 13 de agosto pasado, 259 son hombres, 11 mujeres y 12 menores de edad, indicó esa Comisión en un informe divulgado este martes.
Según ese informe, 72 de los fallecidos eran trabajadores por cuenta propia, 52 obreros, 41 desempleados, 22 policías, 16 estudiantes universitarios o de secundarias, y el resto se dedicaba a otros oficios.
La Comisión destacó que esas muertes han sido verificadas y confirmadas con las cédulas de identidad de las víctimas.
Esa Comisión ha sido criticada por diversos sectores que dudan de su trabajo y su independencia, ya que fue creada exclusivamente por diputados afines al presidente Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Por su parte, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) registra al menos 448 personas muertas, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) al menos 306, y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) al menos 300.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno por \”asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven\”, cifró en 317 el número de muertos.
En tanto, el Gobierno reconoce 198 los fallecidos en el marco de las protestas.
TORTURAN MUJERES
La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció que las mujeres arrestadas por protestar contra el presidente Daniel Ortega, sufren torturas una vez que son encarceladas.
\”Es lamentable que el Sistema Penitenciario Nacional se ha vuelto un centro de torturas, con métodos infames, nosotros tenemos muchos testimonios donde el tipo de tortura no sólo es psicológico, sino también físico\”, dijo el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, en conferencia de prensa.
El abogado de la CPDH, Julio Montenegro, afirmó que \”se está enviando gente que corresponde a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, al sistema (correccional) La Esperanza\”.
La DAJ tiene su sede en El Chipote, un centro de cárceles donde, según las organizaciones humanitarias, la Policía Nacional practica actos de tortura contra los reos.