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291 presupuestos públicos, aprobados por la Contraloría General de la República (CGR) para ser ejecutados en el 2016, suman nada más y nada menos que ¢22,1 billones.
La totalidad engloba a las instituciones del Gobierno Central, municipalidades, entidades descentralizadas y privadas que manejan fondos públicos.
Pero sin incorporar los montos públicos a ejecutar por el sector privado, que rondan los ¢65.159 millones, el presupuesto es de ¢22 billones que se estarían dividiendo entre 725 programas de 269 instituciones y fideicomisos.
El Gobierno Central concentra el 36% del presupuesto total, pues registra poco más de ¢8 billones, según se establece en el presupuesto aprobado de la República y están los planes de gastos iniciales del sector descentralizado y municipal, que aglutinan en 64% con ¢14 billones.
Una de las partidas más importantes es la de remuneraciones, la cual asciende ¢5,8 billones para un 26,3% del presupuesto total.
Según detalla la entidad fiscalizadora del Estado, el Gobierno Central, las instituciones descentralizadas no empresariales y las empresas públicas no financieras absorben el 85% del monto de la partida.
“En promedio, por cada ¢1 de remuneraciones básicas se presupuestan ¢1,1 en incentivos salariales. Temas como los incentivos salariales, convenciones colectivas, enganches salariales, evaluación del desempeño, entre otros, deben revisarse para avanzar hacia un modelo de empleo público y compensación salarial, que sea sostenible en el mediano plazo”, señala el informe.
Añade el documento que “esta situación debe ser objeto de monitoreo por parte de las autoridades, dado que es uno de los principales disparadores del gasto por su carácter recurrente y su importancia dentro de la estructura de egresos. Este rubro es el más importante en los gobiernos locales, donde representa el 44,5% del presupuesto inicial del 2016, seguido de las instituciones descentralizadas no empresariales con un 38,9%”.
DEPENDENCA RIESGOSA
En lo que a transferencias se refiere, estas ascienden a ¢5,5 billones en el sector público y representan un 25% de los presupuestos totales sin consolidar.
Sobre el particular, la entidad contralora del Estado reiteró que existe un riesgo de dichos fondos en cuanto a dependencia de algunas instituciones públicas, así como las limitaciones relacionadas con la ejecución de estos recursos por parte de las instituciones que las reciben.
Sumando tanto la partida de remuneraciones más la de transferencias representan el 49% de los presupuestos iniciales, pues ambas concentran ¢11,3 billones.
Además, los presupuestos improbados suman ¢171.406 millones y dicha situación es producto, según agrega la Contraloría, de la aplicación de la política de contención del gasto por parte de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, a la falta de razonabilidad de algunas estimaciones contenidas y al financiamiento de desembolsos con ingresos no autorizados para tal fin.
“Aunque las cifras contenidas en los presupuestos públicos implican por lo general un déficit en torno al 13% del PIB, la ejecución presupuestaria real genera finalmente un déficit inferior al 6%. Así, para el 2016 el Programa Macroeconómico estima un déficit del 5,9% del PIB para el sector público.
Este resultado es producto de la combinación de un superávit generado por las instituciones descentralizadas (superior a ¢2 billones) y al déficit del Gobierno Central (se proyecta 6,2% del PIB), lo que refleja reiteradamente que el Gobierno transita una ruta de insostenibilidad dado que la deuda sigue en aumento en proporción al PIB hacia niveles cada vez más preocupantes.
En 2015, la deuda del Gobierno Central aumentó 3,4% del PIB y se ubicó en 42,7%. Por su parte, la deuda no consolidada del sector público (sin entidades financieras salvo el Banco Central) se ubicó en 60,3% del PIB, frente a 56,7% en 2014”, reseña la CGR.