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La cláusula de la convención colectiva del Ministerio de Educación Pública (MEP), que indica que para el año 2021 asumiría dentro de su planilla a 2 mil cocineras, le permitiría ahorrar más de ¢6.771 millones, está en riesgo.
“Si a estas dos mil compañeras no las nombran van a quedar 200 mil niños sin alimentación, estamos atravesando en el país este problema de pandemia, imagínense qué va a pasar el próximo año si hay dos mil trabajadoras en la calle sin trabajo y la mayoría de ellas son jefas de hogar, tienen sus hijos, pagan alquiler de casa, agua, luz como todos los que trabajamos”, citó Rosario Ruiz, secretaria general de Sitracome,
Añadió que el traslado de las plazas a la planilla del MEP es un cambio de la informalidad a la formalidad, pues a muchas cocineras las juntas de educación no les pagan ni el seguro social.
Así lo aseguró la representante del Sindicato de Trabajadoras de los Comedores Escolares (Sitracome), quien insiste en que asumir las dos mil plazas no significa un gasto adicional.
Incluso Ruiz, destacó que, si los diputados recortan el presupuesto, las cocineras se quedarían sin trabajo pues las juntas ya no cuentan con el dinero para mantenerlas en sus nombramientos.
Esto se debe a que el presupuesto asignado a este tema se recortaría por decisión de los legisladores.
“Estas compañeras han venido desempeñando su labor por muchos años pagadas por juntas de educación donde eran mal pagadas y mal tratadas en los centros educativos. Por eso hacemos un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa que tomen en cuenta la labor que hace cada compañera en su lugar de trabajo, la cantidad de niños que van a quedar desprotegidos sin alimentación.
Destacó que el ahorro de más de ¢6.771 millones se da en la diferencial salarial, pues las servidoras de los comedores escolares aceptaron una rebaja del sueldo de ¢444 mil al mes a ¢286 mil.
CALVARIO
Por su parte, Mario Rojas, de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, señaló que las cocineras han vivido un calvario en varias oportunidades, ya que las despidieron en las administraciones de Carazo y Calderón, pero las reinstalaron por orden de la Sala Constitucional.
“Lamentamos que con esta situación de las trabajadoras de comedores escolares se esté haciendo una piñata política, y resulta ser que en medio de esta discusión politiquera está el derecho al trabajo y la alimentación de los niños y niñas del país”, dijo.
Añadió que la convención colectiva les dio estabilidad a las colaboradoras, quienes eran subcontratadas, por lo cual no se considera un gasto adicional, ya que el MEP igual les giraba el dinero a las juntas de educación.
Incluso destacó que durante años las sentencias por el no pago a la Caja Costarricense de Seguro Social se le cobran al MEP y no a las juntas.
Ante esto, hicieron una solicitud pública a los jefes de fracción para que se reúnan y conversen sobre esta cláusula de la convención colectiva que dejaría sin trabajo a las 2 mil cocineras que trabajan en mil centros educativos de todo el país.
Insistieron en que permiten que 200 mil estudiantes coman en las escuelas y colegios, plato de comida que es el único diario para muchos de ellos.