La comisión evaluadora del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) determinó mantener a Applus CR y TÜV Rheinland como las compañías preseleccionadas para asumir la inspección vehicular el próximo año. Dichas empresas fueron ratificadas el pasado 30 de julio y quedó plasmado en la minuta CSV-DE-CPL-MIN-0016-2024 de la cual DIARIO EXTRA tiene copia.
Según la documentación, TÜV Rheinland recibió la mejor calificación: 100 puntos, mientras Applus CR obtuvo un 70. Ambas debían cumplir con requisitos como: experiencia, admisibilidad técnica, capacidad financiera y acreditación de norma ISO.
“Esta comisión concluye que la oferta presentada por TÜV Rheinland, en condición de un grupo de interés económico, estaría cumpliendo con los requisitos de admisibilidad establecidos para el procedimiento licitatorio (…)”, añade el documento.
Con dicha situación, Dekra quedaría fuera de los procesos de revisión, no obstante, la compañía alemana asegura que el proceso de licitación ha sido irregular e incluso, elevó el caso ante Sala IV, ya que consideran que TÜV Rheinland no reúne las condiciones para quedarse con el proyecto.
“(…) La Contraloría determinó previamente que cualquier oferta que se presente para realizar inspecciones vehiculares en Costa Rica debe contar con al menos una de las empresas de su grupo con un monto comprobado de 25.000.000 de inspecciones vehiculares realizadas.
La Comisión Evaluadora del Cosevi reveló el 1 de agosto de 2024 que, de acuerdo con el análisis realizado, la oferta presentada no cumple con lo requerido en el pliego de condiciones, específicamente en la cláusula 3.1.2 “Experiencia técnica. A pesar de constatar que ninguna empresa del grupo de TÜV Rheinland ha realizado la cantidad de inspecciones vehiculares requeridas, la Comisión Evaluadora recomendó de todas formas que fuera preseleccionada (…)”, señalaron desde Dekra.
Los alemanes finalizan el contrato de revisión en octubre, sin embargo, seguirán operando nueve meses más tras firmar una prórroga por atrasos en el proceso licitatorio, ya que hay una acción de inconstitucionalidad de 2021.