Dos directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) rechazaron el presunto conflicto de intereses por el cual hoy están siendo objeto de investigación en el Consejo de Gobierno.
Se trata de José Luis Loría Chaves, representante cooperativo, y Martha Elena Rodríguez González, miembro sindical de la Junta Directiva de la institución estatal.
El Poder Ejecutivo los indaga porque supuestamente en el aumento retroactivo buscaron beneficiar a familiares directos. Loría tiene 5 familiares que laboran en la institución, y Rodríguez 4.
Ambos suscribieron, mediante un comunicado de prensa, que existen dos criterios vinculantes de la Procuraduría General de la República de hace 15 y 17 años, los cuales respaldan su actuación, específicamente el OJ-153-2005 y el OJ-139-2007.
Dichos pronunciamientos establecen que, para los legisladores, existe determinada ley que puede traer un efecto sobre sus actividades personales, de algún familiar o sobre intereses de algún grado al que pertenece.
Agregaron que la normativa tiene un carácter general aplicable a un sector que en su juicio no supone un conflicto de intereses porque se trata de decisiones generales que afectarán a aquellos que estén en supuestos que sustentan decisiones.
“La decisión de la Junta Directiva de la CCSS para proceder con este ajuste de salarios se fundamentó en criterios técnicos, financieros y jurídicos. El incremento, por lo demás moderado, se financia con recursos propios de la institución en virtud de su autonomía constitucional, no con fondos del gobierno central. El aludido conflicto de interés para posponer o evadir el pago no existe”, acotaron.
Dijeron que el dinero adeudado pertenece al patrimonio individual de los servidores, por lo que la deuda acumulada a su criterio es justa. Afirmaron que a la fecha no se honran los compromisos institucionales que afectan a miles de servidores ante los embates de la inflación, el costo de la vida y el aumento desproporcionado de las tasas de interés.
“Es injusto mantener congelado por más de tres años el salario de los trabajadores de la seguridad social, le asiste el legítimo derecho a la justa remuneración. Si ya otras instituciones cumplieron con la obligación, es improcedente e ilegal atrasar el pago a quienes lo han ganado merecidamente, con demostrado patriotismo, en momentos aciagos cuando los habitantes de este país más lo necesitamos”, concluyeron.