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Dos de los seis extranjeros señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como miembros del Cártel de Sinaloa y calificados como narcoterroristas, visitaron Costa Rica en al menos una ocasión, según confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería.
Uno de ellos, de apellidos Vázquez Sánchez y alias “Tito”, ingresó al país el 16 de julio de 2013 y salió el 22 del mismo mes. Es de nacionalidad mexicana y fue detenido en diciembre de 2024. Tras su captura, afirmó haberse desvinculado del grupo criminal. El otro, identificado como González Méndez y apodado “Rubio”, registra un total de 19 ingresos al territorio nacional desde 2012. La primera entrada se produjo el 19 de julio de ese año y la última el 18 de junio de 2021. En ambas ocasiones permaneció en el país solo unos días. Incluso, en octubre de 2014, entró y salió el mismo día. Entre los señalados también aparece un costarricense de apellidos Quirós, aunque las autoridades nacionales no han emitido ninguna acusación formal en su contra ni existe una orden de captura vigente.
Fernando Ramírez, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), explicó que el Cártel de Sinaloa opera principalmente en los estados mexicanos de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Según investigaciones internacionales, esa estructura criminal trafica con fentanilo, metanfetaminas, cocaína, marihuana y heroína. Sus principales destinos son Estados Unidos y Europa, aunque en tiempos recientes también se han detectado rutas hacia Asia y Australia.
“Se trata de una organización con amplias capacidades logísticas, operativas y financieras.
Además del narcotráfico, también se dedica a actividades como la extorsión y el cobro de peajes en zonas bajo su control. Se estima que genera ganancias cercanas a los 6 billones de dólares anuales”, sostuvo Ramírez.
Designación internacional
Tras la firma de la orden ejecutiva 14157 por parte del expresidente Donald Trump, que clasifica al cártel como una organización narcoterrorista, surgen nuevas implicaciones legales. Ramírez explicó que esta medida activa mecanismos de persecución patrimonial y permite la participación de distintas entidades internacionales en el rastreo financiero de sus operaciones.
“El efecto más inmediato es la movilización de agencias especializadas en la lucha contra el crimen transnacional, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Gafilat y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, entre otros. Estas instituciones pueden intervenir no solo desde la perspectiva penal, sino también económica y bancaria”, afirmó.
Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicó que el costarricense mencionado no enfrenta ningún proceso judicial en el país. “No existe ninguna acusación formal ni orden de captura, por lo tanto, no puede ser detenido”, aclaró.