Montos llegan hasta ¢14.963.888
Al menos 2.159 costarricenses devengan una pensión de lujo con cargo al presupuesto nacional, incluyendo algunas jubilaciones del Magisterio pertenecientes al Régimen Transitorio de Reparto (RTR).
Así lo explicó la Dirección Nacional de Pensiones ante consulta de Diario Extra y detalló que los montos varían de ¢3 millones a ¢14.963.888.
Tomando en cuenta que el total de jubilados incluidos en el presupuesto nacional son 12.968, un 16,65% de los pensionados por el Estado se encuentran en el rango anterior.
Según el estudio actuarial realizado por Casa Presidencial, esos pagos le cuestan al Estado ¢265.000 millones al año.
“La pensión promedio general, considerando todos los regímenes con cargo al presupuesto nacional, es de ¢1.093.487”, explicó a este medio Glenda Sánchez, directora nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo.
Cada una de esas personas gana una pensión de lujo, según los parámetros estipulados por el Poder Ejecutivo, que utiliza esta tesis para sustentar el último proyecto de ley que pretende disminuir los montos hasta ¢1,7 millones.
Debido a este escenario, el Gobierno asegura que la sostenibilidad de las pensiones en Costa Rica “está en riesgo debido a la desproporción entre los beneficios otorgados y las contribuciones realizadas”, lo cual genera una “carga significativa para el presupuesto nacional”.
Mientras el promedio de estas jubilaciones ronda ¢1 millón, un 62,5% de las pensiones brutas por vejez del IVM son inferiores a ¢300.000, situación que refleja la desigualdad entre los jubilados.
¿Solución inconstitucional?
Mediante el proyecto “Luchando por la Justicia del Sistema de Pensiones del Sector Público”, Casa Presidencial busca fijarlas en ¢1,7 millones como monto máximo, igual que las del IVM.
Con ello plantea reducir las que superen este monto para que en un periodo de seis meses se ajuste la paga de manera progresiva.
La polémica solución ha generado una serie de reacciones, entre ellas las de abogados expertos en la materia, quienes coinciden en que la iniciativa de Zapote tiene roces con la Constitución Política por su aparente retroactividad al recortar el monto que devengan algunos ciudadanos.
El artículo 34 constitucional establece que ninguna ley puede ser retroactiva, aunque el criterio que da el Ejecutivo en la exposición de motivos es que la jubilación no es un derecho adquirido, sino una situación jurídica consolidada.
Por eso se apoya en resoluciones del tribunal constitucional, donde indican que recibir un monto determinado no forma parte de los derechos de los jubilados porque este puede variar dependiendo de las necesidades del régimen.
“La salud de los fondos de pensiones depende de que se reflejen las cotizaciones realizadas por cada persona dentro de su régimen específico. Comparar regímenes no es adecuado porque para cada uno hay límites y características distintas de acuerdo con su naturaleza”, explicó el abogado laboralista Marco Durante.
Glenda Sánchez
Directora nacional
de Pensiones
“La pensión más alta actualmente, según la planilla de pagos de diciembre de 2024 (última que se ha pagado), es de ¢14.963.888, la cual se paga en el régimen de Magisterio Nacional, acogida a la Ley 2248 de ese régimen”.
