Agentes de la sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanaron cinco oficinas de las diferentes empresas que participaron en la construcción de la carretera San José San Ramón.
Trascendió que son 17 las personas involucradas en el supuesto proceso ilegal de concesiones por lo que las acciones policiales tienen como objetivo recolectar prueba para seguir avanzando con la investigación que inició el 8 de abril.
Siete días después, la Fiscalía gestionó un allanamiento en el Consejo Nacional de Concesiones, con el fin de secuestrar documentos relacionados con la causa.
De momento, la causa que tramita el Ministerio Público está \”contra ignorado\” y, preliminarmente, se investiga el delito de incumplimiento de deberes. No se descarta que conforme avance la investigación se señalen otros delitos de tipo funcional.
Las empresas “visitadas” por los judiciales fueron Cacisa, en Heredia; Soares, ubicada en Mata Redonda, San José; CyC Cacisa, en Rohrmoser; OAS y la empresa Autopistas del Valle, ubicadas en Escazú.
MEGA CASO DE CORRUPCIÓN
Juan Carlos Cubillo, fiscal Adjunto, manifestó a DIARIO EXTRA que estas acciones son mega casos de corrupción.
“Se procedió a ingresar a diferentes lugares para recolectar evidencia en lo que se considera un mega caso de corrupción por lo que se hace un análisis de los documentos. Se tiene que tener paciencia para poder trabajar paso a paso y realizar una buena investigación para determinar si existió alguna irregularidad”, detalló.
Alberto Rodríguez fue quien presentó la denuncia que este viernes provocó cinco allanamientos contra las personas involucradas en la concesión.
“Me parece de muy mal gusto y le pediría a la señora Presidenta (mirándola a la cara), al ministro de Planificación, Roberto Gallardo, y al Consejo Nacional de Concesiones que son parte de una lista de imputados que presenté al Ministerio Público”, confirmó.
Rodríguez agregó que las participaciones de cada una están tipificadas según su criterio y espera que la Fiscalía la aclare, ya que la corrupción se desborda y los números no calzan por ninguna parte.
VECINOS QUIEREN CANCELACIÓN
El contrato con OAS está suspendido por 2 meses que se podrían ampliar mientras el Gobierno realiza las gestiones para cancelar de manera definitiva tras las presiones de cientos de vecinos de San Ramón que se oponen a la concesión.
Este es el segundo movimiento policial que se hace en este caso, ya que días atrás las autoridades allanaron las oficinas del Consejo Nacional de Concesiones, en Sabanilla de Montes de Oca, donde decomisaron documentos.
No se descarta que en los próximos días la policía logre la detención de algunos de los supuestos responsables en la polémica ruta San Ramón-San José.