En los últimos quince años, catorce partidos han sido investigados por distintos delitos electorales, incluidas estructuras paralelas.
Así lo señaló Gustavo Román, abogado y asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en el programa Asiento Extra de Extra Radio, 92.3 FM.
“Para el Departamento de Financiamiento Político y el Registro Electoral, este tipo de documentos son un trabajo permanente y es el giro ordinario de la administración electoral. Desde que se creó el departamento en el año 2010, se han enviado 39 informes a las autoridades del Ministerio Público sobre 14 agrupaciones políticas”, afirmó en el dial.
La campaña de la cual se manejan más estudios especiales o denuncias es de la 2020.
En total, hubo 16 expedientes, de los cuales 10 pertenecen a Progreso Social Democrático (PPSD), bandera que llevó a Rodrigo Chaves a Casa Presidencial.
Dicha fuerza política está bajo la lupa por varios motivos, entre los que figuran compra de bonos por parte de un extranjero, además de donaciones económicas y en especie no reportadas.
Sobre esa misma campaña, se indaga a Alianza Democrática Cristiana (ADC) por presunta financiación de su candidato a través de una fundación.
Otro en la mira es el Partido Liberación Nacional (PLN) por los pagos profesionales de asesoría contratados a un extranjero de apellido De Vengoechea Rodríguez. En cuanto al Republicano Social Cristiano (PRSC), se analiza la presunta donación irregular a favor de esta divisa por la confección de vallas adquiridas por el exdiputado Dragos Donalescu a la empresa Gecko.
El Partido Integración Nacional (PIN) tiene un caso por posibles anomalías debido al establecimiento de condiciones favorables en un préstamo de refundición por parte de un ente financiero con uso de garantía hipotecaria de un inmueble propiedad de una persona jurídica.
Por otro lado, el Partido Acción Ciudadana (PAC) espera el reporte sobre supuestas irregularidades en los fondos para la candidatura a diputación de Rogis Bermúdez Cascante.
Finalmente, al Movimiento Libertario (ML) se le solicitó un estudio de solvencia económica, ya que no pudieron comprobar de dónde venían los recursos de sus financistas.
Vale señalar que no en todos los expedientes las agrupaciones se intervinieron por el manejo de estructuras paralelas. Algunas se incluyeron por la ausencia o no presentación de reportes financieros o papeles de orden administrativo.
Sobre las no mencionadas, el funcionario del TSE agregó que se debe solicitar la información al Ministerio Público.
“El TSE lleva adelante investigaciones e incluso impone la sanción cuando hay faltas electorales que son de naturaleza administrativa pero cuando se trata de eventuales (delitos) el monopolio de la persecución de esos es del Ministerio Público”, finalizó Román.
