
Un promedio anual de 14 mil transferencias monetarias condicionadas del programa Avancemos son revocadas en Costa Rica, según los registros oficiales correspondientes al periodo 2020–2025. Los datos evidencian variaciones interanuales en la cantidad de resoluciones emitidas, con cifras que superan los 19 mil casos en algunos años. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), entidad encargada de administrar el programa Avancemos, reporta que durante los últimos seis años se contabilizaron 86.378 resoluciones revocatorias. Esto representa un promedio anual de 14.396 personas beneficiarias, de acuerdo con los sistemas institucionales con corte al 3 de febrero de 2026.
Las cifras muestran que el comportamiento de las revocatorias no ha sido uniforme. En 2020 se registraron 15.535 resoluciones, mientras que en 2021 la cifra descendió a 10.912. Para 2022 se reportaron 12.264 casos, seguido de un incremento significativo en 2023, cuando se contabilizaron 19.197 revocatorias.
Posteriormente, en 2024 se registraron 10.786 resoluciones, y en 2025 la cifra volvió a aumentar hasta 17.684.
“Las transferencias monetarias condicionadas son revocadas, conforme a los procedimientos establecidos por la institución por distintas razones”.
Condicionalidad educativa
El IMAS establece que la continuidad del beneficio depende del cumplimiento de la condicionalidad educativa, uno de los principales requisitos operativos del programa. La verificación se realiza mediante los registros oficiales del Ministerio de Educación Pública (MEP), integrados a los sistemas de información institucional.
“Cuando una persona beneficiaria no figura como estudiante activa en los registros oficiales, se procede conforme al debido proceso, lo que puede conllevar la revocatoria y, por ende, a la no continuidad de la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), según lo establece la normativa vigente”.
Según el Instituto, este mecanismo responde a lo dispuesto en la Ley N° 9617, Fortalecimiento de las Transferencias Monetarias Condicionadas del Programa Avancemos, así como sus reformas posteriores. La validación de la condición académica se apoya en la Plataforma Saber-MEP y en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube), lo que permite contrastar la información educativa en tiempo real.
Además de la verificación académica, el programa contempla criterios de priorización por nivel educativo y edad. Estos lineamientos, en aplicación desde 2023, organizan la asignación de beneficios entre primaria y secundaria, así como entre distintos rangos etarios.
Los datos institucionales reflejan que la población beneficiaria ha mostrado variaciones en los últimos años. En 2023 se registraron 289.974 beneficiarios, cifra que aumentó a 319.411 en 2024 y a 325.660 en 2025. Sin embargo, no se compara con el 2020, ya que para que entonces eren 413,743 beneficiarios.
Cambios socioeconómicos
Otra de las razones que inciden en las revocatorias es la variación en la condición de pobreza del hogar beneficiario. Avancemos está dirigido a población en pobreza extrema o básica, por lo que cualquier modificación en esta clasificación puede activar revisiones técnicas.
“Durante el periodo en que se brinda el beneficio, si se identifica un cambio en la situación de pobreza del hogar, se aplica el debido proceso correspondiente”.
El IMAS detalla que estas evaluaciones se sustentan en la información de Sinirube, herramienta que permite verificar en tiempo real la situación socioeconómica de los hogares.
En este contexto, el informe indica que en 2025 un total de 126.493 beneficiarios pertenecían a hogares en pobreza extrema. Para 2024 la cifra fue de 128.637, mientras que en 2023 se registraron 126.841 personas bajo esta condición.
Más cobertura, según ministro
El jerarca del MEP, José Leonardo Sánchez, durante su comparecencia antes los diputados de la comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia para brindar criterio sobre el proyecto de ley 25.056, cuyo propósito es el fortalecimiento de la educación como derecho fundamental, aseguró que se requiere una mayor cobertura.
“Comparto la necesidad de ampliar la cobertura, pero aquí es clave abrir la discusión sobre un tema fundamental. Cuando los recursos son limitados, la focalización resulta indispensable.
Eso es lo que históricamente se ha aplicado: priorizar a los estudiantes en condición de pobreza y pobreza extrema”, enfatizó Sánchez. Agregó que el país debe replantear la metodología mediante la cual se asignan las becas Avancemos.
A su criterio, el análisis no debería limitarse únicamente a la condición de pobreza o pobreza extrema, ya que, según indicó, los márgenes entre ambas categorías suelen ser muy estrechos. En ese sentido, consideró que también debe incorporarse el criterio de vulnerabilidad social.
José Leonardo Sánchez
Ministro de Educación
“Existe un error en querer generalizar el sistema educativo en Costa Rica. ¿En qué sentido? En asumir que, por ser un país pequeño, todas las realidades son iguales. Los pocos estudios econométricos disponibles han demostrado que el impacto de las becas Avancemos es significativo, pero diferenciado según la región. No es lo mismo recibir una beca Avancemos en Guanacaste que en la Zona Sur”, señaló.
