Al menos 14 fideicomisos del Banco de Costa Rica (BCR) se verían afectados si se vende dicha entidad financiera.
Así lo aseguraron Douglas Soto Leitón, gerente general del BCR, y Manfred Sáenz Montero, director jurídico de la institución, ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
Algunos fideicomisos que se podrían ver afectados si se lleva el plan del Poder Ejecutivo serían el vinculado por la Asamblea Legislativa, el corredor vial entre San José-San Ramón o edificios del propio Estado o gobiernos locales, entre otros.
Actualmente, dichas figuras legales administran activos alrededor de ¢589 mil millones
“Efectivamente, podrían verse afectados esos fideicomisos en caso del cierre de operaciones del Banco de Costa Rica. No sería fácil adquirirlos por un nuevo competidor, donde tendría que buscar el recurso humano necesario, las herramientas que hemos implementado nosotros y esa experiencia, pues sí tomará tiempo”, explicó.
La movida tendría incidencia en las relaciones comerciales y contractuales que tiene el banco con el Estado.
“Cuando se da un proceso de venta parcial, es porque la entidad o la empresa que se trabaja no está funcionando bien, tiene serios problemas. No es el caso del BCR. Tendrá implicaciones”, agregó Soto.
CASCARÓN
Los personeros del BCR consideran que, en caso de ejecutarse la venta, se haría un “arroz con mango legal”.
“Ese cascarón que sería la institución autónoma prácticamente sin activos y pasivos entraría en irregularidad. Al día siguiente de pasar todos los activos y pasivos, no podría seguir operando, a pesar de que el proyecto dice después que la junta directiva procurará que el banco siga funcionando, pero cómo va funcionar si ya no tiene activos y pasivos que administrar”, indicó el gerente bancario.
“Asumiendo que todo se apruebe y funcione en ese supuesto, ¿cómo va a seguir operando si ya tampoco puede hacer intermediación?, ¿cómo va a captar los recursos? Porque tampoco está definido, repito, las personas que trabajan en el banco institución autónoma, ¿qué pasa, se trasladan a la S.A.? Si se trasladan a la S.A., ¿con qué van a administrar la institución? O sea, queda un cascarón, queda un vacío ahí; y prácticamente es sin intervención porque no pueden hacer más actividades, pero en la intervención que no va administrar nada porque todos sus activos y pasivos pasaron al otro lado”, agregó.
Finalmente, afirman que se generaría un severo golpe a los costarricenses al eliminarse las 166 oficinas que tiene el BCR.
“Muchas de las oficinas que tiene el banco no son rentables, están para un servicio de la ciudadanía, muchas son el único punto en áreas rurales. De privatizarse la entidad financiera, muchas de esas oficinas tendrían que ser cerradas”, concluyeron.
El camino para vender el BCR se le pone cuesta arriba al Gobierno, que necesita 38 de los 57 votos del Congreso para aprobar el proyecto de ley.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y tramitada bajo el expediente de ley 23.331, autoriza la venta, sea total o parcial, de los activos y pasivos del BCR, sus sociedades subsidiarias, su marca y su extinción como institución autónoma.
Los responsables de la venta serán los ministros y ministras de gobierno con cartera.
En caso de ejecutarse la venta, los recursos se utilizarían únicamente para reducir la deuda, pagar amortizaciones e intereses y amortización de la deuda interna y externa.
Adicionalmente se pagaría a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), específicamente para el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y su función como inversión de este.