Hacer que los privados de libertad realicen labores de bacheos o reconstrucción de carreteras es una iniciativa de ley que plantean 14 diputados en un proyecto suscrito y presentado a la corriente legislativa con el expediente 22.352.
Según el legislador Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), principal impulsor de la propuesta, se pretende que puedan participar privados de libertad que estén por cumplir su pena, los que se ubican en el régimen semiinstitucional y aquellos reclusos por el no pago de pensión alimentaria.
La iniciativa busca que el Ministerio de Justicia y Paz realice convenios con las municipalidades y con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con el propósito de dar mantenimiento a las calles de los cantones.
“La mayoría de las carreteras cantonales tienen serios problemas de mantenimiento y los alcaldes nos han dicho que lo que les falta es personal, creemos que bajo un control adecuado estas personas podrían realizar esa labor y de paso tener un incentivo, ya sea para pagar la pensión o bien ayudar a las personas que dependen de ellos”, explicó Muñoz.
FINANCIAMIENTO
Si bien el Ministerio de Justicia y Paz cuenta aproximadamente con 11 centros penitenciarios que tienen facilidades potenciales para el desarrollo de infraestructura, para proyectos de generación de empleo en alianza con el sector empresarial, existen limitaciones presupuestarias para el pago de remuneraciones a la población privada de libertad, aparte de complicaciones relacionadas con el desarrollo de infraestructura carcelaria que brinde oportunidades de trabajo al interior de los centros penales.
El proyecto de ley propone que un porcentaje del impuesto a los combustibles se destine a Justicia para este fin.
Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, se destinará un 48,60% con carácter específico y obligatorio para el Ministerio de Hacienda, el cual, por intermedio de la Tesorería Nacional, se lo girará directamente a cada una de las siguientes instituciones: Un 0,80%, a favor del Ministerio de Justicia y Paz, y un 0,20% a favor del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud).
Ese porcentaje significa en recursos entre ¢400 millones a ¢500 millones anuales.
DIGNIFICAR POR MEDIO DEL TRABAJO
Los congresistas incluyen al Ilanud (organismo que tiene sede en el país) para que se encargue de capacitar a quienes desarrollarán los programas de oportunidades laborales, asesore y brinde asistencia técnica requerida por el país para la implementación de esta ley y evalúe anualmente los programas derivados de esta.
Según Marvin Calvo, asesor del diputado Muñoz que trabajó en la redacción del proyecto, este recoge además legislación en materia laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los privados de libertad, ofreciendo una dignificación de la persona privada de libertad y a sus familias.
“El trabajo promueve la autorrealización de la persona y genera habilidades importantes para los procesos de reinserción social una vez cumplida la pena carcelaria. Las posibilidades de reinserción social de la población privada de libertad disminuyen significativamente cuando pasan su encarcelamiento sin involucrarse en actividades de estudio y trabajo, ya que en muchas ocasiones al obtener la libertad no tienen habilidades laborales o educativas que les permitan conseguir un empleo”, indica el texto del proyecto.
REMUNERACIÓN
El proyecto otorgaría una remuneración a los privados de libertad en un monto que debería de definirse.
Estos recursos servirían para que las personas puedan tener un ahorro con miras al momento en que salgan de prisión, o bien para pagar la pensión alimentaria o ayudar a la manutención de sus familiares.
En el país hay unos 16 mil privados de libertad institucionalizados, otros 5 mil en régimen semiinstitucional, y 2 mil con tobilleras. Pero además hay otros 16 mil que realizan trabajo comunitario, es decir que no van a la cárcel.
¿CUÁNTO INVIERTE EL PAÍS EN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD?
Según datos de 2019, por día un privado de libertad tiene un costo de $34,26, es decir unos ¢21 mil. Eso significa un total de ¢336 millones por día.
Costa Rica es el tercer país a nivel latinoamericano que más invierte en atención de privados de libertad.
Los proponentes de este proyecto creen que, con su implementación, dicho monto podría reducirse.
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LAS REMUNERACIONES QUE TENDRÍAN LOS REOS?
• Indemnizar al establecimiento de los gastos que ocasionen.
• Proporcionarles alguna ventaja o alivio durante su detención, si lo merecieran.
• Hacer efectiva la responsabilidad civil de aquellos provenientes del delito.
• Brindar un subsidio a las personas dependientes del privado de libertad.
• Formar un fondo de reserva que se le entregará a su salida del establecimiento penal.
Fuente: proyecto de ley 22.352
¿CUÁLES DIPUTADOS IMPULSAN LA LEY?
• Patricia Villegas Álvarez (PIN)
• Walter Muñoz Céspedes (PIN)
• Jorge Luis Fonseca Fonseca (PLN)
• Shirley Díaz Mejía (PUSC)
• Pablo Abarca Mora (PUSC)
• Óscar Cascante Cascante (PUSC)
• David Gourzong Cerdas (PLN)
• Daniel Ulate Valenciano (PLN)
• Paola Valladares Rosado (PLN)
• María José Corrales Chacón (PLN)
• Roberto Thompson Chacón (PLN)
• Karine Niño Gutiérrez (PLN)
• Dragos Dolanescu Valenciano (independiente)
• Catalina Montero Gómez (PAC)