8.721 expedientes contra la Administración Pública en 2024
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Siguen sin resolución
El Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) es el encargado de resolver los casos relacionados con la Administración Pública, sin embargo, esta es una de las materias con más retrasos en lo que se refiere a justicia.
De acuerdo con datos brindados por la Corte Suprema de Justicia, 14.838 casos se encuentran en el circulante; es decir, no se han resuelto y están en proceso de trámite.
El expediente más antiguo en esa materia data de 1986, el cual ingresó en ese momento como un proceso ordinario.
No obstante, con la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo se produce una reestructuración de la jurisdicción y este caso ingresa a dicho tribunal en 2015.
Otros de los más antiguos datan de 2003 y 2006, provenientes de las sedes civil y agraria, que en ese momento se declararon incompetentes, por eso se trasladaron a la contenciosa administrativa y posteriormente al TCA.
El Código Procesal Contencioso Administrativo buscaba disminuir el tiempo de resolución y mejorar la calidad de las sentencias.
DURACIÓN
DIARIO EXTRA consultó la causa por la cual este tribunal la mayoría de las veces tarda tanto en resolver y aseguraron que la complejidad de los procesos genera la demora.
“La razón es multifactorial y va desde la complejidad propia del asunto, la cantidad de partes de un proceso y las múltiples gestiones que son presentadas por las personas usuarias dentro de la causa y que deben ser atendidas, haciéndola cada vez más voluminosa y retrasando la fecha del dictado de sentencia, entre otras”, explicaron en el TCA.
Para Esteban Paniagua, especialista en derecho público, la demora en las resoluciones responde a la organización de dicho tribunal porque está centralizado.
“Este es un tema de diversos factores que se puede analizar desde varias aristas, evidentemente en buena medida una tiene que ver con la organización a lo interno del Poder Judicial.
En Costa Rica únicamente existe un tribunal contencioso a nivel nacional, por lo que independientemente de en qué parte del país se den los hechos, se centraliza en este lugar.
Cabe destacar que, al tratarse de problemas con el Estado, llámense conflictos entre instituciones o bien con un tercero privado, la posibilidad de que esto ocurra es alta”, manifestó.
Por su parte, el abogado administrativo Luis Felipe Rodríguez aseguró que uno de los objetivos de la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo era la disminución en el circulante.
“En 2006 el Código Procesal Contencioso Administrativo se convirtió en ley y entró en vigor en 2008. La idea de este era dictar las sentencias de manera más expedita y a la vez de mejor calidad (…)
En la actualidad un proceso en esta materia tarda alrededor de seis años, lo que genera una situación de impunidad porque el funcionario que dicta una resolución que no está apegada a la ley sabe que dicha sentencia no se va a dar en un corto plazo”, comentó.
Es importante destacar que no existe un plazo establecido por ley para la finalización de estos juicios, el único definido es para dictar sentencia.
“Transcurrida la audiencia, el tribunal deliberará inmediatamente y procederá a dictar sentencia. Se emitirá oralmente en ese acto; para tal efecto, el tribunal podrá ordenar un receso.
La sentencia dictada oralmente quedará notificada con su dictado, pero el tribunal tendrá la obligación de entregar a las partes, en ese mismo acto, una reproducción escrita de la sentencia. Cuando no sea posible emitirla en el acto oralmente se dictará por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes. En casos muy complejos, según lo determine el juez, se informará a las partes y se dictará por escrito la sentencia dentro del plazo máximo de quince días hábiles siguientes a la terminación del juicio oral y público”, se establece en el artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
Hasta agosto de este año, según datos de la Corte Suprema de Justicia, ingresaron 8.721 causas, de las cuales 6.281 corresponden a amparos de legalidad, que se interponen cuando se violenta una ley.
Mientras que en segundo lugar se hallan los recursos de conocimiento con un total de 1.065 expedientes. Estos se tramitan para conocer quién tiene la razón.
Hasta la misma fecha, 8.340 expedientes fueron terminados por el TCA, 6.773 de ellos tuvieron una sentencia, mientras que 185 fueron demandas inadmisibles, es decir, no se encontraron pruebas suficientes.
