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Alrededor de ¢12 mil millones al año serán destinados a 42 mil familias en pobreza extrema por medio de ayudas sociales de programas como los de la Red de Cuido, Crecemos y Avancemos, anunciaron este miércoles en conferencia de prensa los jerarcas Juan Luis Bermúdez Madriz de Desarrollo Humano y Geannina Dinarte Romero de Trabajo y Seguridad Social.
Explicaron que los recursos saldrán a partir de la contribución solidaria que se aplicará a las pensiones de lujo.
A inicios de diciembre, el gobierno firmó el plan impulsado por la subjefa del Partido Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez Hernández, que establece una contribución especial solidaria a ese tipo de pensiones, que hoy en día entre los rebajos de renta y otras disminuciones solo aportaban cerca de ¢500 mil.
Con la nueva ley, una persona que reciba una pensión de ¢10 millones al mes debería pagar un impuesto de ¢4 millones. A eso se le debe sumar también el respectivo pago de la renta.
Carlos Alvarado, presidente de la República, explicó que en lugar de que esos recursos se vayan a la caja única del Estado serán empleados para atender a la población en pobreza extrema que no estaba siendo cubierta por el Estado.
En Costa Rica hay 190 mil familias sumergidas en esa condición, de las cuales 148 mil reciben algún tipo de ayuda. Las 42 mil restantes son las que se pretenden asumir.
El ministro Bermúdez dijo que para hacerlo presentarán este lunes un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa en aras de establecer cómo se destinarán los recursos y hacia qué programas van.
Mencionó que las 42 mil familias se encuentran particularmente en zonas como la Huetar Norte, Huetar Caribe, así como en las regiones Brunca y Pacífico Central.
“Las barreras por las cuales una familia en situación de pobreza extrema no accede a los programas de protección y promoción social del Estado son múltiples. Tienen que ver en muchísimo de los casos en su situación específica de exclusión social, pero también tiene que ver con temas de información, con la misma disponibilidad de recursos por parte del Estado, que es uno de los obstáculos que hemos enfrentado”, explicó Bermúdez.
Detalló que, entre esas familias, el 45% son hogares con una mujer al frente de todas las obligaciones económicas.
También el 17% está al cuido de una persona adulta mayor y el 14% enfrenta la dura situación de un miembro de la familia en situación de discapacidad.
Además, un 35% tiene niños de entre 4 y 12 años, el 14% son hogares con menores que están en edad colegial y el 3% con mujeres en estado de embarazo. Esas características, los vuelven aún más vulnerables.
Bermúdez dijo que una de las contemplaciones del plan es que parte de esos recursos, que se ahorrará el Estado, puedan ser destinados para las pensiones no contributivas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social.