El Gobierno de Carlos Alvarado dejó listo y preparado el Protocolo Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (Sitlam), mismo que fue firmado por la administración Chaves Robles este jueves en Liberia, Guanacaste, bajo el decreto N° 43527-MGP-S-MAG-MRREE-MTSS.
Sitlam se define como una Categoría Especial para la regularización migratoria de personas extranjeras para laborar de forma temporal en el sector agropecuario.
La iniciativa es la estrategia del Estado para arreglar el desastre en cuanto al registro, ingreso, permanencia y retorno al país de origen de los migrantes sean nicaragüenses, panameños y hasta indígenas Ngäbe Bugle.
En su mayoría, dichas personas vienen trabajar en las cosechas como la del café, la naranja, raíces y tubérculos, caña de azúcar, melón, sandía, piña, aceite de palma, entre otras del sector agro.
Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con la plataforma Sitlam esperan tener un listado de las empresas agropecuarias que por espacio de 12 años han evadido sus responsabilidades desde que se firmó la Ley migratoria.
Dicha norma exige a los patronos tener a sus trabajadores extranjeros regularizados y cubiertos por el sistema de garantías sociales costarricense, sin embargo, no ha sido así en la gran mayoría, pese a las constantes denuncias por explotación laboral e incluso sexual hacia este grupo laboral, no hay una sola multa cobrada a ninguno de los infractores.
12 AÑOS SIN SANCIÓN
Precisamente la ley N° 8764, Ley General de Migración y Extranjería señala en su artículo 177: “Las personas físicas o los representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas, que proporcionen trabajo u ocupación a personas extranjeras no habilitadas, para que ejerzan actividades laborales en el país o realicen actividades diferentes de las autorizadas, serán sancionadas por la Dirección General con una multa que oscilará entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993. Dicha multa se integrará al Fondo Especial de Migración establecido por la presente Ley, y su monto será determinado según la gravedad de los hechos y el número de personas extranjeras a las que se les otorgue trabajo en condición irregular”.
Pese a que dicha ley fue creada el 1º de marzo de 2010, han pasado 12 años y 4 meses y nunca se aplicó el citado artículo a ninguna de las empresas del sector agrícola que contratan extranjeros para labores agrícolas porque ninguna de tales entidades, incluida la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), han hecho lo propio para hacer un mapeo del sector agro y ponerlo en regla.
Para el viceministro de Trabajo del Área Social, Luis Paulino Mora Lizano, “la unión de voluntades, acciones y compromiso demostrado entre las instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales, las del sector empleador y trabajador en favor de la población trabajadora migrante demuestra que el trabajo decente es una realidad que crece, permanece y se afianza en nuestro país”, señaló.
TRAZABILIDAD
Además, se espera además tener registro digital de quienes ingresen al país, verificar su permanencia y posterior retorno a sus patrias, es decir, darles trazabilidad a los trabajadores migrantes del sector agropecuario en periodos de cosecha y disminuir los tiempos de respuesta al sector no mayor a treinta días.
Por su parte, Francisco Furlani, Coordinador de Programa de Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dijo que “la OIM se siente muy complacida de seguir apoyando el Protocolo de Entrada de Personas Migrantes Laborales a Costa Rica, que vienen desde Nicaragua y Panamá. Por tercer año consecutivo nuestra organización apoya la implementación del Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria, como uno de los componentes de este protocolo. Creemos que una migración ordenada, segura y regular desde el punto de vista laboral, beneficia tanto a las personas migrantes, como a las empresas y a todos los actores involucrados en los procesos laborales”, afirmó.
El protocolo fue firmado por el viceministro del Área Social del MTSS, Luis Paulino Mora Lizano; Julian Arias Varela, viceministro del MAG; Allan Rodríguez Vargas, subdirector de la DGME, como testigos de honor estuvieron Francisco Furlani de la OIM; José Álvaro Jenkins de la Uccaep y Olman Chinchilla Hernández de la CMTC.