115 centros educativos tienen orden de cierre total

Un total de 115 centros educativos enfrentan orden de cierre total o parcial debido a órdenes sanitarias, según los datos más recientes de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE).

En todo el país se contabilizan 1.050 instituciones con algún tipo de orden sanitaria, muchas de ellas de carácter leve. 

Sin embargo, de ese total, un 11% corresponde a centros que, aunque se mantienen en funcionamiento, no deberían ser utilizados hasta que se elimine por completo la advertencia.

Durante la actual administración Chaves Robles, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha invertido, entre 2022 y 2025, más de ¢42 mil millones en infraestructura de centros educativos con orden sanitaria. 

En total, 143 instituciones se han visto beneficiadas con estas intervenciones.

“Es importante aclarar que estos recursos no siempre representan la solución definitiva de la orden sanitaria, ya que en algunos casos corresponden a inversiones parciales, remediales o bien a costos asociados a etapas previas, como la elaboración de diseños, estudios técnicos o compra de terreno”, aseguró Allan Ramírez, director de la DIE.

Las instituciones con orden de cierre se ubican en distintas partes del país: dos en Desamparados, dos en Puriscal, 17 en Pérez Zeledón, cuatro en Alajuela y tres en Alajuela-Occidente.

Además, se reportan siete en San Carlos, una en Turrialba y una en Sarapiquí. En Guanacaste, dos en Liberia y tres en Nicoya. 

A esto se suman siete de la Dirección Regional de Coto y 45 en la provincia de Limón, entre otras zonas.

Asimismo, el ingeniero civil aseguró que las necesidades son muchas para los recursos, en sus palabras, limitados que posee la cartera. 

“La respuesta se da con el ritmo que lo permite la institucionalidad, en apego a la Ley General de Contratación Pública, que nos lleva a acatar cada uno de los procesos que permiten constatar un buen uso de los recursos públicos”, argumentó. 

Rezagos en infraestructura 

El jerarca explicó que los rezagos existentes en infraestructura educativa son el resultado de años de abandono, donde la obra física de los centros educativos se deterioró al punto de afectar la calidad de la enseñanza. Durante mucho tiempo, los recursos destinados a infraestructura permanecieron sin ejecución, acumulándose en la Caja Única del Estado, según detalló. 

“Encontramos ¢95 mil millones que en muchos casos llevaban años atorados en Caja Única. Se estaban asignando recursos que luego se contabilizaban como logros en los informes de trabajo, sin que la comunidad educativa pudiera ver siquiera un bloque construido en los centros que se decían haber desarrollado”, aseguró Ramírez.

Ramírez reconoció que los procesos institucionales suelen ser lentos, pero aseguró que actualmente se está trabajando de forma ordenada para atender las necesidades más urgentes. 

“El camino es largo, pero hoy estamos caminando”, concluyó.