¢10 mil mills. en juicio contra funeraria vida

La empresa de origen colombiano Casa de Funerales Vida, radicada en Costa Rica desde el 2003, pelea a muerte en los tribunales el control de una cartera por servicios funerarios vendidos a funcionarios públicos que, entre el 2015 y el 2020, les generó más de ¢10 mil millones mediante rebajos quincenales a planillas estatales.

Dicha firma, propiedad de un empresario colombiano identificado como Luis Fernando Oquendo Zapata, disputa el derecho a deducirle a los trabajadores de instituciones del Estado por planes funerarios, cuyo dominio también reclama el Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios (Sithosajudi). 

El Periódico de Más Venta en Costa Rica tuvo acceso al expediente del caso y, en él, la propia funeraria solicitó certificaciones donde se detallan los multimillonarios ingresos que representa el negociazo de rebajarle a los empleados públicos directamente del salario.

En el juicio, que comenzó este 19 de octubre, demandan a Funerales Vida por efectuar supuestos rebajos dobles, sin autorización, a miles de funcionarios que laboran en entidades del Estado.

Según la demanda, la empresa efectuó las aparentes dobles deducciones por medio de otras organizaciones autorizadas para ejecutar rebajos, identificadas en el expediente judicial como Servicoop, Coopesangabriel y Globalcoop. Según los registros, Oquendo incluso fungía en el 2017 como vicepresidente de Globalcoop.

Fue precisamente en el 2017 cuando surge la disputa entre la funeraria y el Sindicato, cuando se rompen los lazos millonarios que ambas habían tenido por años, en las que Funerales Vida aportaba los planes funerarios y Sithosajudi brindaba su código de deducción para poder rebajar directamente a la planilla de los trabajadores del Estado. 

En el legajo del juicio la entidad gremial también asegura que gestionaban los permisos y autorizaciones para que personeros de Vida ingresaran libremente a vender sus planes a distintas instituciones públicas.

El juicio comenzó este miércoles en el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil, en Primer Circuito Judicial de San José. Durante tres días los jueces escucharon los testimonios de al menos ocho testigos aportados por las partes. Unos y otros ratificaron el modo de operación y las cifras del negociazo.

Números de infarto

El proceso judicial se tramita bajo el expediente 19-000023-1623-CI, que consta casi de 7.000 páginas. Es ahí en donde están claramente establecidos los montos millonarios que representan los rebajos masivos que, según se acusan mutuamente las partes, se efectúan sin autorización de los trabajadores. 

Diferentes documentos del expediente evidencian que rebajos masivos realizados entre el 2012 y el 2020 reflejan montos millonarios que provienen de los salarios de empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), del Poder Judicial y de los ministerios del Gobierno, en su mayoría, del Ministerio de Educación Pública (MEP). 

Por ejemplo, entre los años 2015 y 2020, según reportó la empresa Vida ante los jueces, recaudó más de ¢4.300 millones solo en deducciones hechas en las planillas de la CCSS. En ese mismo periodo, la firma recibió en sus cuentas de manera automática más de ¢5.100 millones en deducciones efectuadas por el Ministerio de Hacienda a funcionarios de varios ministerios. Los planes de dicha empresa también han tenido aportes de trabajadores del mismo Poder Judicial, en donde hoy se disputa legalmente el control de la cartera. De las rebajas a los salarios de funcionarios judiciales, en el lapso de cinco años, la funeraria recibió más de ¢500 millones.

Los documentos que están a la vista en el expediente del caso evidencian que, entre el 2015 y el 2020, en total, la funeraria del empresario Oquendo recaudó la cifra de ¢9.937.110.748, y si se le agregan los montos recaudados entre el 2012 y el 2014, esa suma alcanza los ¢10.729.196.404.

Negociazo redondo

La empresa Funerales Vida logró los rebajos millonarios utilizando los códigos deductores de Sithosajudi que, por ser un sindicato, consiguió que Hacienda, la Caja y el Poder Judicial le dieran códigos especiales para rebajar dinero directamente de los salarios de los empleados públicos.

El colombiano fundador de Vida fue el primero en declarar durante el debate. 

Alegó que la firma creó el plan funerario y mediante un convenio efectuaban las deducciones por medio del sindicato. Además, detalló que de los montos que captaban, Sithosajudi le dejaba a su empresa el 90% de todo lo recaudado.

El empresario señaló que, mediante el acuerdo que tenían con el sindicato, su funeraria fue la que firmó los contratos con los funcionarios públicos y que el papel de Sithosajudi era el de intermediario. Dijo que, bajo ese marco, lograron afilar cerca de 22.000 trabajadores del sector estatal, pero insistió en que la ruptura con el sindicato les provocó una caída del 30% en sus ingresos. 

“A la fecha, si nos llaman, nosotros vamos y damos el servicio por los contratos que se habían firmado”, manifestó Oquendo ante los jueces. Funerales Vida aportó como testigo en su favor a Damaris Murillo, quien dio detalles sobre los momentos previos al rompimiento entre Sithosajudi y Vida. Murillo se presentó ante los jueces como asistente de Oquendo y funcionaria de Casa de Funerales Vida. Sin embargo, según consta en el registro de sociedades, es al mismo tiempo presidente de una sociedad anónima llamada Funeraria La Solidaria S.A.

También Vida presentó como testigo en el debate a Paola Salazar Fallas, quien se identificó como gerente comercial y encargada del equipo de ventas de la funeraria demandada, pero también aparece registrada como secretaria de La Solidaria S.A.

Según prueba aportada al expediente judicial y otros testimonios en el juicio, Funerales Vida también coloca sus contratos en el sector privado por medio de asociaciones solidaristas y cooperativas, entre otros. 

Tras la recepción de las declaraciones de testigos e imputados y las conclusiones de los abogados, el proceso fue declarado de “tramitación compleja”, con lo cual se extienden los plazos para resolver y dictar la sentencia.