Así como droga, según Policía Penitenciaria
Unas 1.047 mujeres fueron detenidas este año por introducir teléfono y droga en centros penitenciarios.
Así lo dio a conocer el Ministerio Justicia y Paz este viernes en su balance anual.
Según la cartera, los datos suponen que siete de cada 10 personas detenidas por introducir drogas y teléfonos celulares a cárceles son féminas.
Nelson Barquero, director de la Policía Penitenciaria, indicó que también hay hombres detenidos por esta causa, en específico 514 hombres.
“Eso es importante señalarlo para un estudio que se está haciendo en relación con este tipo de persona que ingresa ilícitos a los centros penitenciarios”, acotó Barquero.
Diario Extra consultó al funcionario sobre las características de las féminas detenidas y explicó que el rango de edad de estas, ronda desde los 20 hasta los 35 años.
Un total de 7.057 celulares han decomisado las autoridades penitenciarias este año, así como más de 9.000 chips telefónicos, como parte de operativos diarios de los oficiales a lo interno de los centros penales.
Asimismo, detalló que en la mayoría de estos casos se trata de mujeres amenazadas por grupos criminales, ya sea con hacerles daño a ellas o a sus familiares.
Otro de los motivos para las actuaciones de dichas féminas es porque los privados de libertad las manipulan y les aseguran que llevar eso a las cárceles no es delito, por lo cual a veces alegan ignorancia.
Protocolo
El Poder Judicial presentó recientemente un protocolo que establece mecanismos para que mujeres en condición de vulnerabilidad que sean condenadas a una pena de tres años de prisión por meter drogas a cárceles reciban una medida alternativa.
Juan Carlos Arias, viceministro de Justicia y Paz, reiteró que dicho protocolo es importante para las féminas que figuran como cabezas de hogar dentro de Costa Rica.
“Nos ha venido preocupando la realidad latinoamericana del incremento de la participación de mujeres en actividades del crimen organizado”, subrayó Arias.
Sin embargo, el enfoque del protocolo permite hacer una valoración distinta sobre si es adecuada la medida privativa de libertad o una alternativa.
“Una mujer en estado de vulnerabilidad que va a prisión lo que generamos es un ciclo, deja a sus hijos en estado de abandono, ella cae con antecedentes judiciales, lo que le dificulta insertarse socialmente”, advirtió Arias.
