La Sala Constitucional admitió para estudio un recurso de amparo presentado en contra de la junta de administración del Liceo de Costa Rica por presuntamente operar de forma irregular.
El recurso fue presentado por dos ciudadanos de apellidos Tejada Barrantes y Villaplana Ramírez, en contra de la junta, así como del propio Liceo.
Los recurrentes alegan que, desde junio de 2021, la junta trabaja al margen de la ley, ya que no fue elegida de entre las ternas propuestas por el director y el consejo de profesores del centro educativo.
Así lo dicta la Ley Fundamental de Educación N° 2.160, en los artículos 41 y 43, los cuales indican que los Concejos Municipales deben nombrar las juntas a partir de las recomendaciones emitidas por las instituciones de educación.
Sin embargo, según alegan los recurrentes, la junta liceísta fue nombrada por la comisión de Gobierno y la administración de la Municipalidad de San José de forma directa, sin tomar en cuenta las ternas del Ministerio de Educación Pública (MEP).
SOLICITAN INFORMACIÓN
Los recurrentes presentaron una serie de solicitudes que realizaron a la junta a través de su contadora, Rafaela Ulate, desde el 10 de marzo de este año.
En ese momento pidieron los nombres completos, números de cédula y puesto que desempeñan las personas que conforman la junta; así como las copias de las actas para los períodos 2022 y 2023, y copia de los documentos que amparan los contratos de prestación de servicios, contratación de bienes y servicios, adquisición de insumos y su destino final, en apego a la Ley de Contratación Administrativa.
Además, desean conocer el número de carné de la contadora Ulate, que la habilita para ejercer su profesión, así como el número de póliza de responsabilidad, su monto y vigencia.
Sumaron también a su petición el número de cuenta corriente, nombre del banco, personas autorizadas a firmar y si la firma es mancomunada o no, así como copia de los estados de cuenta de la junta.
Exigieron que se les entregara el informe económico de la junta, auditado y con indicación del nombre del profesional y su número de carné. En el caso de que no existiera el informe auditado, que se indicara por qué no se hizo.
Por último, pidieron una copia del documento con el que el departamento u oficina correspondiente del MEP en el que se le hace de su conocimiento de cómo proceder en el tema de la manzana o terreno que el Liceo de Costa Rica le dio en arriendo al MOPT.
Los recurrentes alegan que, a la fecha, no les han entregado la información y solo “respondió su gestión con evasivas”.
OTROS MOTIVOS DEL AMPARO
No obstante, los recurrentes afirman que esos no son los únicos elementos que les motivaron a presentar el recurso ante la Constitucional.
“El amparo fue interpuesto atendiendo a varias razones: uno, la inercia de la ministra y el viceministro Leonardo Sánchez Hernández para auditar los recursos de los colegios denunciantes de las Juntas de facto nombradas por el Concejo Municipal al margen, que ordena que los miembros de Junta se nombren producto de las ternas del MEP y no de forma directa como lo hizo el Concejo”, comentaron los recurrentes a DIARIO EXTRA.
Dijeron, además, que existe la “deliberada reticencia a rendir cuentas” de parte de la junta, cuenta con el respaldo del viceministro y la Jefatura Administrativa y Financiera del Circuito de Educación. Además, califican de “absurda” la declaración como “secreto de Estado” a todo lo referente con la cuadra que le alquila el Liceo de Costa Rica al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que forma parte de los terrenos en que se piensa edificar la Ciudad Gobierno, presentada por el presidente de la República Rodrigo Chaves en febrero de este año.
PERIODISTA: William Aguilar Téllez
CRÉDITOS: Foto: Isaac Villalta
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Lunes 29 Mayo, 2023
HORA: 12:00 AM
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