Diario Extra - 'Nos vamos a saltar lo que dice Empleo Público'

Un fallo emitido por Sala Constitucional permitiría que los sindicatos puedan saltarse lo planteado en la Ley Marco de Empleo Público respecto a convenciones colectivas, entre otros puntos.
Así lo aseguraron Albino Vargas Barrantes, secretario general; Walter Quesada Fernández, secretario general adjunto; y Rafael Ángel Mora, asesor político de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
A continuación, un extracto de la entrevista que brindaron a DIARIO EXTRA.

La Ley Marco de Empleo Público ya entró en vigencia. ¿Qué sigue para ustedes?
-Tenemos una acción de inconstitucionalidad, que es como un paso previo, pero del cual no abrigamos muchas esperanzas. Si no avanza de buena manera, vamos a llevar el caso afuera, a estrados internacionales, porque esta ley es regresiva y altamente inconstitucional.
¿Por qué se salieron de las mesas de diálogo del gobierno?
-No creemos en ellas. No fuimos parte de la construcción de la metodología. La ministra dijo: “No se va a cambiar esto, esto, esto y lo otro”. Es como decir: “Vamos al partido de fútbol, pero no pueden meter goles, no usen la bola o es sin árbitro”.
¿Entonces en qué creen?
-Creemos en reformas sectoriales particulares.
Eso tomaría mucho tiempo porque hay compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
-Entonces es un tema ideológico. No se está reformando el empleo público por un tema de mejoras, sino por una petición ideológica y fiscalista del Fondo.
¿Cómo pretenden realizar cambios a la ley si los invitan y ustedes dicen que no?
-El gobierno no quería que se cuestionaran ciertos temas. ¿Entonces cómo se hace?
¿Cómo cuáles?
-Salario global, familias de puestos, evaluación del desempeño… La ministra (Laura) Fernández llama a mesas donde no se puede discutir de ciertos puntos. En el fondo el gobierno lo que quiere es traerse abajo el golazo que les metimos: puestos exclusivos y excluyentes. Eso permite que ciertas instituciones no se acojan a la ley y por eso están fúricos. Aparte están molestos con el tema de convenciones colectivas.
¿Con qué?
-Cuando se tramitaba la Ley de Empleo Público se hicieron dos consultas sobre el tema de convenciones colectivas y la Sala IV dijo que las convenciones son un derecho humano fundamental y pueden seguir mientras no tengan privilegios, salarios abusivos ni gollerías. El voto No.2021-017098 de Sala Constitucional señala que si bien la negociación colectiva está sujeta a los controles, son un derecho fundamental y se puede seguir conservando y negociando mejoras salariales para los empleados públicos (…) Ese voto de Sala Constitucional admite la posibilidad de reconocer incentivos salariales o sobresueldos. En simple, podemos hacer una convención colectiva y nos podemos saltar el salario global del gobierno y de la Ley Marco de Empleo Público.
¿Saltarse Empleo Público?
-Ajá. Eso lo puede hacer cualquier persona que tenga derecho a hacer una convención colectiva. La convención estaría por encima de Empleo Público por ser un derecho fundamental. Al afectarse las convenciones colectivas es (una ley) violatoria de los derechos humanos y se va a caer afuera. Al país le va a costar más el caldo que los huevos.
¿Entonces ustedes seguirán haciendo convenciones colectivas indistintamente de que la ley esté en vigencia?
-Las seguiremos haciendo hasta que estemos vivos. Seguiremos haciendo convenciones sí o sí. Nos vamos a saltar lo que dice esa nefasta ley porque las convenciones colectivas son un derecho humano. La ley dice que no podrán tener nada relacionado con temas económicos, pero la Sala dice lo contrario. Las querían prohibir del todo, pero no lo hicieron para no pegarse el colorazo. La Sala solo dice que no debe tener cláusulas abusivas.
Pero eso de cláusulas abusivas es muy subjetivo.
-Para el periodismo de odio y ciertos sectores todo va a ser abusivo. Para algunos tener vacaciones o pagos es abusivo. Nosotros desde ANEP hemos tratado de hacer las cosas de forma profesional, por eso algunos nos detestan. Esa resolución obliga a Costa Rica a cumplir lo que se dice en materia de derechos humanos, convenciones colectivas y libertad sindical.
¿Ustedes reconocen que se han cometido abusos en materia de convenciones colectivas?
-Claro y lo hemos dicho. Se han dado abusos y nos detestan por denunciarlos. No nos quieren. Cuando denunciamos lo del enganche médico fue lo mismo, por eso algunas organizaciones nos odian. No somos Míster Simpatía. Estamos del lado derecho de la historia. Si hubo abusos no fue porque los sindicatos lo aprobaron, es un acuerdo entre empleados y trabajadores.
¿Consideran que se debe meter mano a las convenciones colectivas para rebajar abusos?
-Ya no quedan. La última fue la de Recope, pero si usted quiere arreglar las finanzas públicas se debe hacer de forma integral: exenciones, exoneraciones, evasión, fraude fiscal, fortalecimiento de aduanas, más empleo público. Hay que verlo todo junto. Aparte el gobierno tiene una deuda inmensa con los trabajadores del sector público.
¿Por qué?
-Con bombos y platillos están diciendo que la deuda-PIB en febrero es del 59%. Es decir, tienen margen sin violar la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para honrar el reajuste de ¢7.000 (que ya se pagó en la Caja) con policías, maestros, personal de ministerios e instituciones de política social. A toda esa gente le deben ¢7.000 mensuales del 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, más aguinaldo proporcional y salario escolar. Ese reajuste debía entrar a regir en 2019.
Hacienda dice que se va a redondear hasta final de año.
-¿Entonces para qué lo cacarean? Creemos que en Hacienda maquillan cifras fiscales. Además salen a decir eso porque después de Semana Santa viene una nueva misión el FMI. Deben estar tratando de mandar señales al FMI de que nos estamos portando bien. Cualquier empleado público puede reclamar que el Estado le honre la deuda porque la relación deuda-PIB está por debajo del 60%.
Eso sería un montón de plata que debe pagar el gobierno.
-Son casi 40 meses retroactivos que deben a los empleados públicos. Es una deuda acumulada. Serían casi ¢280.000 por cabeza, quizás un poquito más.
¿A cuánta gente se le debe eso?
-Póngale 15.000 policías, 85.000 maestros, más todo el Gobierno central y autónomas. Pueden ser unas 240.000 personas. En cifras serían más de ¢74.000 millones y según lo que Hacienda dio a conocer, el gobierno ya puede honrar esa deuda. A eso súmele lo de salario escolar y aguinaldo proporcional… puede ser ¢300.000 por cabeza. Según el gobierno, con ese 59% tiene margen para honrar esa deuda que ya se pagó en la Caja.
En Hacienda dicen que ese 59% en la disminución deuda-PIB es proyectado.
-¿Entonces para qué diablos salen a decir otra cosa? Siempre hemos desconfiado de las cifras de Nogui Acosta, por eso creemos en una auditoría interna de la deuda.
¿En qué consiste?
-Se puede emitir una ley de la República para ver por qué diablos se deben $50.000 millones de deuda. ¿Por qué se desató esa deuda? Se disparó en los últimos 30 años, pero se incrementó en el gobierno de Óscar Arias, mientras en simultáneo se dispararon la evasión y la elusión.
¿Esa auditoría incluiría deuda interna?
-Toda la deuda: interna y externa. Tengo entendido que 3/4 partes de la deuda pública son interna y 1/4 externa. La Unión Europea dice que la evasión y la elusión habrían sido de ¢3,7 billones. Una vez teniendo los resultados usted podría determinar responsables del tortón, diseñar estrategias de reingeniería de la deuda, definir con cuánto podemos vivir con déficit, se podrían diferir los pagos en el tiempo o hasta dictaminar medidas de condonación de deudas. Yo como ciudadano necesito saber a quién putas se le está pagando esa carga de intereses diaria.
Otra de las luchas que ustedes dieron fue contra la Ley de huelgas. ¿Cómo van con eso?
-Se va a caer. Va a pasar eso y espero estar ese día para verle la cara a Carlos Ricardo Benavides, Yorleny León y los que promovieron esa nefasta ley. Esa ley tiene que anularla por ser inconstitucional y violatoria de derechos humanos. Con estas leyes lo que queda es defenderse en las calles. Ante la desigualdad queda ir a las calles.
La ministra Laura Fernández dice que ustedes quieren seguir sirviéndose con cuchara grande.
-No es cierto. Defendemos los derechos de los trabajadores, buenas condiciones, salarios decentes. Lo que pasa es que las convenciones colectivas sufrieron un proceso de satanización ideológico potenciado por el periodismo de odio y algunos abusos. En la Caja, el ICE y el Poder Judicial no hubo una convención colectiva. Tampoco en el IMAS.
Pero sí en las universidades y municipalidades.
-Pero no hay cláusulas abusivas en convenciones o pluses. Tener derecho a 12 años de cesantía no es un abuso. La Ley de Empleo Público fue hecha con odio y desprecio al empleado público, producto del periodismo de odio. La acera de enfrente arrojó mucho odio.

EXTRADIRECTO

• Deuda pública: Agresión a la clase trabajadora
• Empleo Público: Mamotreto, mamarracho, Frankenstein jurídico, ornitorrinco, adefesio
• Laura Fernández: Pobrecita
• Salario global: Insostenible
• Sala IV: Todavía sigue siendo un tribunal constitucional
• Evaluación de desempeño: Necesaria
• Ley antihuelgas: Derogarse
• Convenciones colectivas: Derecho humano
• Rodrigo Chaves: El presidente
• Asamblea Legislativa: Mal necesario