Jueces de la República dejaron libre sin medidas cautelares a un colega de apellidos Leiva Masís, de 33 años, a quien se le investiga por supuestamente soplarle a un sobrino un operativo para que no lo atraparan.
Leiva era quien llevaba a cargo las diligencias del allanamiento en un búnker donde su sobrino político vendía droga, sin embargo, le avisó a su cuñada y ella a su vez al objetivo policial.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) informó que solicitaron que se inhabilitara a Leiva de su cargo, además debe abstenerse de molestar, perturbar o intimidar a testigos.
Las autoridades mencionaron que abrieron la investigación y detuvieron al juez y a la madre del supuesto narco. La mujer se apellida Alvarado Solano.
Añadieron que a la mamá del presunto caco “se le atribuyen cargos por entorpecer la administración de justicia, al aparentemente conseguir que su hijo materializara la evasión del proceso penal en su contra”.
En el caso de la cuñada del juez, el Ministerio Público solicitó que se le ordenara presentarse a firmar una vez al mes, impedimento de salida del país, así como la prohibición de comunicarse con las personas investigadas en la causa.
Sin embargo, el Juzgado Penal rechazó en su totalidad el requerimiento del Ministerio Público y ordenó la libertad de los sospechosos sin medidas cautelares.
La Fiscalía apeló la resolución, por lo que se encuentra a la espera de que se realice una nueva audiencia en la que reiterará su solicitud.
De momento a Leiva le tienen incautadas pertenencias, como computadora y teléfono, donde aseguran hallaron evidencia del caso.
TRAYECTORIA DEL JUEZ
Fuentes policiales informaron a DIARIO EXTRA que este funcionario inició su carrera de abogado a los 25 años en 2015 en un bufete que estaba a su nombre. En ese momento reportaba un ingreso económico de ¢530.000.
Además, dos años después recibió una oferta de una universidad privada en la que daba clases. Con lo que ganaba en esa U sumaba a sus ingresos ¢150.000.
En 2017 tuvo la oportunidad de ingresar a trabajar en el sistema judicial, donde inició con un salario de ¢2.586.000 y fue aumentando hasta ganar ¢2.784.000 actualmente.
Agregaron que pertenecía al Juzgado Penal y además su esposa es defensora pública de pensiones.
El caso se tramita en el expediente 23-000542-0058-PE.
PERIODISTA: Yiren Altamirano Bolaños
CRÉDITOS: Fotos: Joaquín Salas, corresponsal
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Sábado 18 Marzo, 2023
HORA: 12:00 AM
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