Carlo Díaz, fiscal general de la República, conversó con el Periódico de Más Venta en Costa Rica respecto a la situación actual de criminalidad que atraviesa el país, los responsables de liberar a tanta “golondrina” que está cometiendo homicidios y sobre por qué se reúne con los Ministros de Justicia y Seguridad Pública, pero no lo puede hacer con los jueces, que son los responsables de dejar en libertad a los criminales.
¿Cuál es la percepción del jerarca del Ministerio Público (MP) sobre la criminalidad y qué se está haciendo para mitigarla?
- Creo que estamos en una coyuntura de criminalidad muy violenta que ustedes lo han visto, hay aumento de homicidios, estamos plagados en los barrios de narcotraficantes a nivel local, hay también narcotráfico a nivel internacional, hay legitimación de capitales también por todo el país y esa es la situación prácticamente que tenemos. Nos preocupan mucho igualmente los casos de corrupción y desde ese punto de vista es que, por parte de la Fiscalía General, se han creado alianzas con los diferentes cuerpos policiales y agencias, incluso internacionales, para retomar el ataque frontal y agresivo contra el crimen.
¿Tiene el MP injerencia en la liberación de golondrinas?
- No, el Ministerio Público no tiene responsabilidad en la liberación, obviamente nosotros tratamos de atacar ese fenómeno, creo que este no es el fenómeno más importante que se presenta. Sí hay casos preocupantes para nosotros de reincidentes, pero en realidad estos incidentes no son los que nos están generando el mayor problema en el país. Yo he estado reuniéndome con Fuerza Pública y con el Ministerio de Justicia para trabajar ese problema.
Si no es del Ministerio Público, ¿de quién es la responsabilidad que Justicia y Seguridad Pública le achacan al Poder Judicial? ¿De la Judicatura?
- No, no, aquí hay que entender algo, todos tenemos nuestros roles, Justicia tiene su rol y el Ministerio Público tiene su rol, los jueces tienen su rol, la Fuerza Pública tiene su rol y en ese aspecto estamos trabajando para unirnos, para que no nos suceda esto, pero el Ministerio Público jamás va a tener responsabilidad desde ese punto de vista, porque nosotros lo que hacemos es acatar la ley y aplicar la ley, por ejemplo, el arresto domiciliario con monitoreo electrónico está regulado por ley, o sea, no podemos decir que está mal porque así lo regularon los mismos diputados y nosotros lo que hacemos es aplicar la ley.
Si usted dice que no son un problema los reincidentes, entonces ¿cuál es el problema?
- Como se los dije, el problema es el narcotráfico a nivel internacional, el narcotráfico a nivel local, el crecimiento de los capitales emergentes en personas, obviamente sí nos preocupan mucho los reincidentes, pero este es también uno de los puntos a atacar. Yo les podría decir que estos reincidentes no cometen tampoco los 600 homicidios que llevamos, o sea, sí los incrementan y hay que poner atención, pero no es principal problema.
¿Cuál es el principal problema de los crímenes en el país?
- Si lleváramos una proyección, esto se ha aumentado, yo diría que aquí necesitamos trabajar fuerte. Necesitamos no separarnos en este caso los diferentes cuerpos policiales con el Ministerio Público, necesitamos ejercer más presión, determinar políticas de persecución y objetivos de persecución, que eso es lo que estamos haciendo.
En el manejo de la seguridad, ¿qué se ha venido trabajando?
- Yo le puedo dar razón de lo que estamos haciendo ahora, yo no tenía la dirección del Ministerio Público. Antes hubo 2 fiscales, bueno, varios fiscales antes que ellos y cada quien tiene su manera de trabajo, igual tiene que ver mucho, también las coordinaciones y eso para mí es fundamental. Por eso yo les he indicado que parte de la principal labor que yo he realizado hasta el momento es establecer nuevos enlaces y trabajar de la mano con los cuerpos de policía.
¿Usted presenta una acción de inconstitucionalidad para que sean los jueces los que determinen la prisión o no? En el discurso parece estar de acuerdo con el Ministro de Justicia, pero en la práctica no…
- Vamos en la dirección, buscando el trabajo, buscando los enlaces, lo de la acción es algo que yo venía manejando prácticamente desde el 2019, cuando fui el fiscal adjunto de ejecución de la pena, cuando yo entro a ese puesto determino que hay algunas liberaciones de personas anticipadamente que se están haciendo al margen de la ley y con eso me refiero a que no están regulados en la ley, simplemente se hacían con una autorización que daba un reglamento, es el reglamento del sistema penitenciario. Y allí podemos ver que ellos al ubicar a personas en el nivel de atención semiinstitucional prácticamente les están diciendo “ustedes pueden gozar de absoluta libertad”.
Para que se dé una modificación de una sentencia tiene que existir alguna ley que así lo autorice, por ejemplo, el beneficio de ejecución condicional, por ejemplo, la libertad condicional que, digamos, no son lo mismo a través de monitoreo electrónico y otros.
En el caso del nivel semiinstitucional, a mí sí me preocupó, como les dije, porque es a través de un reglamento y este reglamento modifica una sentencia, una sentencia que indica que los jueces dicen “esta persona tiene que descontar en un centro penitenciario”, y ahí es donde surge la preocupación y yo, como les digo, es algo que venía manejando desde el año 2019 y que ya estando yo en este puesto decidí materializarlo.
¿Debería entonces eliminarse ese beneficio semiinstitucional?
- Eliminarse no, debería regularse, eso es lo que nosotros pretendemos.
Cuando dice regulación, ¿de parte de quién? ¿El juez, el Instituto de Criminología, Justicia?
- Como le indiqué, el sistema mediante legislación establece en este caso salidas para el sistema penitenciario, para que no se institucionalice personas o desinstitucionalizar personas, las dos cosas, como le dije, el sistema a través de leyes establece el beneficio de ejecución condicional, ese beneficio es, por ejemplo, que las personas que han sido condenadas a una pena inferior a 3 años de prisión el juez puede decir, “usted no va a prisión”, pero sí puede decir “usted va a estar monitoreado, no puede cometer otro delito, porque si no, tendría que ir a descontar esa pena a prisión”, esto es para no institucionalizar personas.
El sistema también permite la desinstitucionalización y, por ejemplo, eso lo hacen a través de la libertad condicional, cuando la persona sentenciada ya cumplió la media pena aquí, en ese momento él puede solicitar al Instituto Nacional de Criminología su libertad y dice libertad condicional porque se les imponen condiciones, ahí eso sirve para desinstitucionalizar personas, pero también con requisitos, en el caso del nivel semiinstitucional, prácticamente el Instituto Nacional de Criminología, mediante una resolución le dice, “bueno, usted puede gozar de libertad”, pero esto no está regulado por ley, a diferencia de los que les acabo de mencionar.
Entonces, eso es lo que nosotros queremos, o sea, ellos no pueden arrogarse una función que para mi criterio no les corresponde.
¿Ha conversado de esto con don Gerald Campos?
- Sí, claro.
¿Y cuál ha sido el criterio?
- Creo que van en la misma línea, pero creo que es muy prematuro todavía, pero nos van a presentar un plan, por lo menos el de la desinstitucionalización a través del nivel de atención semiinstitucional, para que sean por lo menos consultadas al Ministerio Público.
¿Eso tiene que ver con la lista de las 493 golondrinas que dijo don Gerald?
- Sí.
¿Y todos han sido consultados?
- En eso estamos, don Gerald más bien nos pidió la lista, que le demos de nuestras bases de datos si tenemos algunas otras causas y eso estamos buscando.
¿Hay discrepancias? Porque don Gerald decía que ellos no tienen por qué saber las veces que una golondrina fue pasada, pero el MP sí…
- Sí, pues esa discrepancia o, digamos, esa ignorancia que nosotros teníamos en la aplicación del régimen semiinstitucional. Nosotros sabemos si una persona está en libertad condicional, nosotros sabemos si una persona tiene beneficio de ejecución condicional, nosotros sabemos si una persona tiene monitoreo electrónico, pero no manejamos la información de si una persona estaba ubicada en el régimen semiinstitucional, ese es el problema y es parte de la motivación de la acción de inconstitucionalidad.
Nosotros no manejamos información, eso es una decisión simple del Instituto Nacional de Criminología y que no se nos comunicaba, incluso previo a presentar la acción de inconstitucionalidad y, como le digo, esto viene desde el 2019, en aquella época le hicimos una gestión a doña Marcia González en donde le solicitamos, bueno, si ustedes van a liberar a través del nivel de atención semiinstitucional, comuníquenos para nosotros saber y, además, de alguna manera poder objetar si consideramos que está mal aplicado y no se nos respondió la gestión.
¿Y el OIJ está anuente a compartir la base de datos con ustedes o con Justicia?
- Eso tendría que preguntárselo al OIJ.
¿Pero con ustedes?
- Con nosotros siempre hay coordinación y con ellos no hay ningún problema.
Licenciado, Seguridad Pública responsabiliza al Poder Judicial, Justicia también y usted dice que no es responsabilidad del MP, entonces ¿de quién es la responsabilidad?, ¿quién no está cumpliendo?
- Cada quien tiene su rol, como le digo, yo no voy a decir “esto es culpa de los jueces”, jamás, ellos tienen su rol y cuando hay algo que los jueces a mí no me satisfacen jurídicamente, yo sé lo que tengo que hacer y en ese caso es presentarle, si existe apelación o recurso de apelación, si existe casación lo vamos a presentar, si existe recurso de revocatoria, lo vamos a presentar.
O sea, yo soy respetuoso de la labor de los jueces, siempre lo he sido y hago lo que tengo que hacer, como le digo, si tengo que presentar la apelación, lo voy a hacer, pero yo no voy a la prensa a decirlo así o públicamente a decir “ustedes son los responsables”, no, no, yo jurídicamente haré y el Ministerio Público va a hacer lo que tiene que hacer.
Entonces este actor no está cumpliendo con esa parte porque al final de cuentas ellos toman la decisión y todo este montón de personas salen precisamente porque ellos son los que deciden en última instancia quién entra o quién sale. ¿El Ministerio Público ha apelado sobre todas estas situaciones, han tenido reuniones con la Judicatura?
- No con la Judicatura, no tenemos reuniones porque ellos son independientes y nosotros, como le digo, somos muy respetuosos de nuestro rol. El Ministerio Público tiene la dirección funcional de los cuerpos policiales y algunas otras instituciones que se ven relacionadas, pero nosotros no tenemos ninguna injerencia ni yo pretendería tenerla ni mucho menos, tampoco aceptaría ninguna injerencia por parte de los jueces en el Ministerio Público.
Uno entiende cuando usted habla de injerencias, pero hay una cortesía para poder arreglar todo este problema, porque ¿podríamos decir que el Poder Ejecutivo está injiriendo en el Poder Judicial cuando usted se reúne con don Gerald y don Jorge?
- No, ahí son coordinaciones. Yo me reúno con Gerald, me reúno con don Jorge Torres o me reúno con los directores del OIJ de investigaciones que llevamos, pero yo jamás me voy a reunir con jueces para coordinar nada.
Yo a los jueces o nosotros les hacemos solicitudes, requerimientos y no coordinamos nada, igual si por A o por B no me satisface la resolución que ellos toman, yo sé lo que tengo que hacer y, como se lo digo, que hay recursos legales establecidos para atacar esas resoluciones.
Eso es precisamente como usted lo dice, una injerencia que no quieren tomar, hablamos de coordinaciones. ¿Entonces por qué coordinar con otro Poder y no dentro del mismo en el que usted se encuentra?
- Nosotros a los jueces, reitero, les hacemos solicitudes o requerimientos, o sea, no coordinamos nada con ellos, nada, yo le solicito a un juez un allanamiento, yo le solicito a un juez que eleve esta causa a juicio, esas son las solicitudes y ellos son los encargados de verificar la legalidad o no de esas solicitudes.
PERIODISTA: Alexander Méndez
CRÉDITOS: Fotos: Raquel Vargas
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Miércoles 25 Enero, 2023
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