El plan que impulsa el Gobierno de regular el fondo usado para las universidades públicas sería inconstitucional, según un criterio emitido por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Así lo expresaron los rectores en un oficio enviado a la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa el pasado 13 de enero.
Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Anna Katharina Müller, ministra de Educación Pública, presentaron ante la ciudadanía el 5 de octubre anterior el proyecto Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El plan surgió como una iniciativa para regular la forma de distribuir los fondos entre las universidades públicas con el fin de que algunas no se dejen mayor presupuesto en comparación con otras.
El proyecto del Ejecutivo plantea que los fondos sean administrados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y mensualmente las universidades efectúen la solicitud con el propósito de obtener los recursos.
El proyecto nació para robustecer la regionalización, la promoción de las becas y la inversión de infraestructura física, equipamiento, factores prioritarios, entre otros.
No obstante, desde el inicio, los rectores no se casaron con la propuesta y, por el contrario, efectuaron múltiples gestiones para tratar de expresar su rotunda oposición.
INCONSISTENCIAS
Los rectores afirmaron que el plan modifica la naturaleza del FEES como un fondo patrimonial universitario, el cual fue elevado a rango constitucional y por lo tanto no puede ser creado por ley.
Aseveraron que tampoco puede ser desvinculado de su finalidad constitucional asociada al cumplimiento del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes).
Emmanuel González, presidente de Conare, indicó que existe una clara violación a los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política.
“Es importante considerar que específicamente la Comisión de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que analiza dicho proyecto, planteara claramente que como se encuentra redactada la presente iniciativa se evidencia una serie de limitaciones impuestas al propósito del nuevo fondo.
Esto en cuanto podría vulnerar los contenidos y principios constitucionales sobre la autonomía universitaria, además de que el texto normativo no señala los recursos que financian dicho fondo”, explicó González.
El presidente de Conare añadió que la propuesta implica desplazar un órgano de gobierno universitario hacia el Poder Ejecutivo, lo cual deja vaciada la independencia y autonomía.
Sostuvo que el deber de distribución y sus criterios se mantienen regulados en el Convenio de Coordinación de la Educación Superior de Costa Rica, por lo cual consideraron que el proyecto debería ser archivado.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Martes 24 Enero, 2023
HORA: 12:00 AM
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