Diario Extra - Migración presenta denuncia judicial contra policías

Luego de que El Periódico de Más Venta en Costa Rica diera a conocer cómo desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunciaron tortura practicada por dos oficiales de la Policía Profesional de Migración (PPM) en las instalaciones del Centro de Aprehensión Región Central (CARC), en los Lagos de Heredia, este medio solicitó la reacción por parte de las autoridades de Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), quienes respondieron de esta manera:
“En la DGME estamos enterados de los hechos presentados en el Centro de Aprehensión y de los que se hace referencia en el documento indicado. La administración ya inició una investigación preliminar, resultando en la interposición de una denuncia judicial presentada por el comisionado Enrique Arguedas, así como la remisión del caso a Inspección Policial del Ministerio de Gobernación, instancia que regula el comportamiento de los policías”, indican en comunicado de prensa enviado a DIARIO EXTRA.

SIN SEPARACIÓN

Pese a lo grave de la denuncia contra los oficiales migratorios, en el comunicado de prensa de la DGME nunca se indica si a los oficiales los separaron del lugar de trabajo o los trasladaron a otro sitio, lo cierto es que según las autoridades migratorias están a la espera de los acontecimientos sin hacer nada momentáneamente.
“En este momento nos encontramos a la espera del proceso de investigación e informes correspondientes a efectos de tomar las decisiones pertinentes. Seremos estrictos y severos ante cualquier hecho que presuntamente se haya dado de forma irregular en el Centro de Aprehensión y mucho más si tiene que ver con la seguridad de las personas aprehendidas. La aprehensión de estas personas se hace a efectos de asegurar su deportación y nosotros debemos cumplir con los estándares internacionales del manejo de personas aprehendidas, estándares que debemos mantener.
Costa Rica y esta institución han sido siempre respetuosos de los derechos humanos, y se llegará hasta las últimas consecuencias que determine la investigación, según la responsabilidad, si es que existe, de aquellos funcionarios involucrados”, recalca el mismo documento.

BOCHO DEL CARC

Según versa en la denuncia hecha por la ANEP en el Centro de Aprehensión Región Central (CARC), en Los Lagos de Heredia, operan “dos grupos de oficiales de policía, el grupo de Esteban de la O y el de Kenneth Delgado, que en apariencia están utilizando la tortura, los golpes y la agresión psicológica para obtener información, así como mecanismo de castigo cuando consideran de forma arbitraria que los detenidos no se comportan de forma adecuada”, señala la denuncia.
De hecho menciona en el escrito hacia la autoridad Judicial que en fecha 16 de noviembre del 2022, “en la guardia nocturna del Centro de Aprensión de Migración, los oficiales del grupo de día de Kenneth Delgado, se quedaron después de la salida con el grupo de Esteban de la O y golpearon de manera brutal e injustificada a dos detenidos identificados como Nelson Romero y Moisés Diaz, porque uno de ellos tenía una batería del control remoto de la pantalla de patios, los patearon y golpearon fuertemente, posteriormente a uno lo arrastraron del cabello por todas las celdas hasta llevarlo a una celda denominada Bocho, que es una celda muy pequeña, al otro lo golpearon tan fuerte que se defecó y se orinó, ésta situación no es la primera vez que sucede, ya que ocurre frecuentemente con otros detenidos, por ejemplo, con anterioridad a este evento, el grupo de Kenneth Delgado le dio una golpiza tan fuerte a un hombre de nacionalidad mexicana, que le ocasionaron sangrado en un oído.”, explica la denuncia sindical.

JEFATURAS LO SABEN Y CALLAN

Lo más grave es que dicen los sindicalistas que la denuncia es conocida por la jefatura, pero a pesar de lo anterior no se hace nada por corregirlo.
“Hace unas semanas hubo un incidente grave con un hombre de nacionalidad peruana, donde el oficial Santamaría provocó la ira del peruano y este por padecer de una enfermedad mental, utilizó un fierro del camarote para agredir gravemente a otro extranjero.
Por directriz superior, Jorge Santamaría no podía acercarse al peruano, debido a que el oficial de forma reiterada estuvo provocando a los aprendidos durante los días que estuvo a cargo de la supervisión.
La jefatura de la funcionaria Maricela Campos, aparentemente cohonesta y es cómplice de las actuaciones, encubriéndolas criminalmente, en especial las del oficial Jorge Santa María quien ‘cuenta con múltiples antecedentes de agresiones contra los detenidos y aun así alega que no lo pueden tocar ni hacerle nada’ ya que se ve respaldado por la jefatura”, agrega la denuncia.

ABUSO DE AUTORIDAD Y TORTURA

Para la ANEP, se fundamenta el delito de Abuso de Autoridad señalado en el artículo 338 del Código Penal. “-Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien”.
Mientras tanto en el artículo 123 bis, determina que, “será sancionado con pena de prisión de tres a diez años, quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, la intimide o coaccione por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener de ella o un tercero información o confesión; por razones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o estado civil. Si las conductas anteriores son cometidas por un funcionario público, la pena será de cinco a doce años de prisión e inhabilitación de dos a ocho años para el ejercicio de sus funciones”, indica la ley.

FUNDAMENTO A LA DENUNCIA

Según Albino Vargas, secretario general de la ANEP, lo denunciado se encuentra dentro de “un concurso ideal de delitos, obsérvese que por un lado hay un evidente y claro abuso de autoridad por parte de sus autores y coautores quienes sin lugar a dudas ejerciendo de manera excesiva y abusiva, en su cargo de funcionarios públicos, exceden la investidura de su cargo en perjuicio de la integridad física de personas que tienen bajo su tutela y custodia, causándoles lesiones y castigos que también son susceptibles de reproche penal a la luz de lo que establece la norma del tipo penal de tortura, lo cual resulta no solo repudiable desde la óptica moral y social, sobre todo en un país que se rasga las vestiduras como defensor de los derechos humanos.”, sentenció Vargas.
El Secretario General de la ANEP adujo que los atropellos mencionados solo se dan en regímenes totalitarios, “como México, Cuba, Venezuela, El Salvador, Nicaragua y otros, pero hasta el día de hoy este tipo de circunstancias y excesos al menos para el suscrito Albino Vargas Barrantes, acérrimo defensor de los derechos humanos, era una situación impensable en Costa Rica”, concluyó el sindicalista advirtiendo de antemano que el Ministerio Público actúe de oficio, pues el país se le esta saliendo de las manos a la autoridad judicial.