Diario Extra - Corte Plena incorpora política anticorrupción

La Corte Plena incorporó una política institucional de integridad y anticorrupción dentro de la gestión judicial.
Esta acción tiene como finalidad vincular el accionar de los diferentes ámbitos judiciales, tanto los de carácter administrativo como el jurisdiccional y el auxiliar de justicia.
El acuerdo se tomó en la última sesión de Corte Plena del 21 de noviembre tras las presentaciones oficiales de los documentos a cargo de Patricia Solano Castro, vicepresidenta de la Corte, y de Kenia Alvarado Villalobos, oficial de Cumplimiento.
La política consideró alrededor de 11 ejes de trabajo, 71 acciones a emprender, es decir, obtienen un 91% de alto nivel de prevención y un 9% de reacción.

EJES DE TRABAJO

Patricia Solano, vicepresidenta de la Corte, indicó que los ejes de acción en cada una de estas áreas corresponden a la ética y probidad, transparencia y rendición de cuentas, gobernanza judicial y liderazgo por integridad.
Solano enumeró también la implementación del modelo de cumplimiento normativo, desarrollo de un sistema de administración de riesgo de corrupción, infracción al deber de probidad, estrategia de comunicación y formación de cultura, entre otros. “La Política de Integridad y Anticorrupción del Poder Judicial de Costa Rica se constituye en una herramienta orientadora que norma e impulsa las acciones coordinadas de este Poder de la República para la prevención, detección, mitigación y reacción de los actos de corrupción y fraude organizacional en la gestión pública judicial.
Responde al interés identificado por la Corte Plena de fortalecer la capacidad institucional para enfrentar la corrupción desde una política de cero tolerancia. Además, permitió la construcción de un sistema capaz de ser medible y ajustable a los cambios que pongan en riesgo la consecución de estos objetivos”, apuntó.
El trabajo de la construcción estuvo a cargo de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial con su respectiva competencia ejecutora de la Oficina de Cumplimiento, así como el apoyo técnico de la Dirección de Planificación, cooperación internacional de la Embajada de Estados Unidos y la National Center for State Courts (NCSC).