Un grupo de técnicos auxiliares del Poder Judicial denuncia falta de transparencia en la institución para la que laboran.
En 20017 ese poder publicó el concurso 04-2017, en el cual incluyó 32 plazas vacantes para técnicos auxiliares, las cuales no son puestos desocupados, sino plazas en las que aún no se han nombrado en propiedad, pero que son ocupadas en forma interina por una persona, incluso durante años.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso DIARIO EXTRA, el concurso se publicó para que participaran únicamente personas con alguna discapacidad, por lo cual quienes ocupaban esas plazas no pudieron participar.
Ese año quienes ocupaban esos puestos hicieron gestiones ante el Consejo Superior y Gestión Humana. Además interpusieron recursos de amparo y trascendió que que el concurso se frenó.
En julio de este año se realizó una reunión de jefaturas en San José para informar que el concurso se retomaría, que debían nombrar en propiedad a alguno de los participantes en ese concurso y cesar el nombramiento de los interinos que ocupaban esas plazas.
Ante esa situación Nancy Méndez Vargas, quien ocupa uno de esos puestos, manifestó a El Periódico del Pueblo que “es atropellado y violenta derechos que como trabajadores hemos adquirido”.
Mediante informes y quejas manifestó que nunca recibieron una notificación del patrono, en este caso la Corte Suprema de Justicia, que les comunicara que estarían nombrados temporalmente en esos puestos.
“Nunca informaron sobre el estado del concurso, por lo que creamos un proyecto de vida al cual tenemos todo el derecho y adquirimos deudas, viviendas, entre otras”, manifestó la denunciante.
También enfatizó que “hay compañeros que se encuentran en un estado de ánimo muy deteriorado y ya están cansados de tantos años de lucha e incertidumbre de no saber el actuar del Poder Judicial en este tema.
Incluso intentamos realizar un proceso contencioso administrativo para interponer una medida cautelar, pero tenía un costo muy elevado y muchos compañeros prefirieron no seguir adelante, por lo que en este momento somos únicamente tres servidores judiciales los que nos encontramos dando la lucha para hacer valer los derechos que tenemos”.
GESTIONES
El Periódico de Más Venta en Costa Rica supo que los afectados por ese concurso enviaron un correo electrónico a la secretaria general de la Corte, en el cual hicieron una serie de preguntas relacionadas con el concurso.
La consulta fue remitida a Gestión Humana para que les diera respuesta, para ello tenía 10 días hábiles, y para el 31 de agosto Méndez Vargas y compañeros que prefirieron guardar su identidad afirman que ese departamento “indicó una serie de situaciones, pero no respondía a las preguntas”.
También enviaron un recurso de reconsideración al Consejo Superior para que valorara la situación personal de cada plaza, pero solo una afectada ha tenido respuesta, en la cual le indican que se traslade a Gestión Humana para que brinde información referente.
Además interpusieron un recurso de amparo por la falta de información de interés público, el cual fue declarado con lugar y la Sala Constitucional le dio al Poder Judicial 3 días hábiles para responderle a Méndez Vargas.
“El Poder Judicial responde a la Sala que en un correo del día 31 de agosto 2022 ellos me dan respuesta a mis consultas, lo cual es totalmente falso, ya que en ese correo no detallaron absolutamente nada de lo que yo consulte”, indicó la denunciante. Como respuesta de la réplica del Poder Judicial a la Sala Constitucional, la denunciante envió el 9 de setiembre un documento, en el cual solicitó que se testimonie piezas en el Ministerio Público contra Patricia Solano Castro, presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, y Roxana Arrieta Meléndez, titular de la Dirección de Gestión Humana, de conformidad con el artículo 281 inciso a) del Código Procesal Penal.
“Esto ante la falsedad de que la información fue entregada a mi persona en tiempo y forma”, explica Méndez Vargas en su denuncia.
Otro de los recurrentes denunció que no es posible que “el Poder Judicial tuvo que haber dado cuentas sobre qué pasó con ese concurso púbico, cuánto fue el monto económico que se invirtió en ese concurso público y quiénes son los funcionarios públicos de alta jerarquía del Poder Judicial que son responsables de ese concurso porque ahora, años después, vienen, escogen a dedo a personas, las quitan y ponen a otras”.
También fundamenta lo anterior con los artículos 7 y 8 de la Ley de Control Interno de esa institución.
Igualmente, los afectados por esta situación manifestaron que si hubieran querido dar plazas a personas con discapacidad habrían tenido que abrir nuevas.
PERIODISTA: Yiren Altamirano Bolaños
EMAIL: [email protected]
Lunes 03 Octubre, 2022
HORA: 12:00 AM
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