Diario Extra - 62 mil chamos cruzarían Costa Rica este año

El ingreso masivo de venezolanos al país debería ser declarado emergencia nacional. Así lo consideraron representantes de la fundación Lloverá Comida ante la Comisión de Derechos Humanos.
En su presentación ante los diputados, Esteban Blanco y Rebeca Hidalgo, representantes de la ONG, consideraron que la crisis humanitaria y migratoria debe ser atendida como una emergencia nacional, debido a que 2.000 ciudadanos venezolanos estarían cruzando diariamente a suelo tico con el objetivo de seguir su camino hacia los Estados Unidos.
Es decir, a diciembre podrían estar pasando 62.000 chamos por el país.
“Creo que ustedes tienen la posibilidad de hacer una declaración de emergencia. No podemos seguir con un Gobierno Central tan inactivo. Yo le he consultado a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) sobre el tema y ellos me han respondido que la orden es no hacer absolutamente nada. ¡Eso es preocupante! En este país, producto de la situación, se está dando un problema de prostitución infantil, ya hay problemas de salud pública y muchos centros médicos los están rechazando… Hay una inactividad del gobierno y el problema se acrecentará. Esto no va a cesar”, dijo Hidalgo.
“Muchas de estas personas están en condición de calle transitoria. En este mes de septiembre, Migración de Panamá estima que más de 38 mil personas cruzarán por su frontera. En diciembre serían más de 62 mil personas. Un buen número serán menores de 4 años. Será un tsunami de migrantes… Muchos de ellos niños que no estamos preparados para recibir. Hay un cuello de botella en nuestro cantón de Corredores”, secundó Blanco.

EXTORSIONES

El representante de la ONG hizo una serie de denuncias sobre la situación que viven los sudamericanos.
Blanco mencionó que existen redes de tráfico en Caracas que les prometen a los chamos llegar a los Estados Unidos por $3.000.
Por otra parte, en las fronteras norte y sur de nuestro país hay una “maraña de gavilanes” que les cobran $150 a los venezolanos para pasarlos a Nicaragua.
“En Corredores, hay una red enorme de trata de personas que tienen amenazada a la Policía de Migración. Ellos están maniatados por el poco personal que tienen (…) En San José, los venezolanos están parando para juntar el dinero que les tienen que cancelar -un salvoconducto- a los militares nicaragüenses. En Los Chiles, hay una red de ‘talibanes’ y taxis piratas que engañan a estas personas. En La Trocha, hay una población instalada esperando a los migrantes para cobrarles y pasarlos al otro lado (Nicaragua) con los militares”, explicó Blanco.
“Mucha gente les cobra menos de los $150 y los pasa por el lado de La Trocha. Es toda una trama criminal”, añadió.

PREOCUPACIÓN

Monserrat Ruiz, diputada de Liberación Nacional (PLN), se mostró preocupada por la masiva llegada de venezolanos y la inacción de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
“Estamos a las puertas de una crisis y no se está tomando la mitigación en materia de riesgo y prevención que tienen las poblaciones migrantes. Cuando pensamos en migración, siempre pensamos en nuestros vecinos nicaragüenses y, al día de hoy, hay más de 1.500 personas procedentes de Venezuela”, expresó.
“Por mandato, la Defensoría de los Habitantes debe resolver esta situación de los migrantes venezolanos. Considero que la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) deben intervenir el asunto”, acotó María Marta Padilla, parlamentaria de Progreso Social Democrático (PPSD).

CUELLO DE BOTELLA

Los representantes de la ONG no recomendaron el traslado masivo de migrantes del sur al norte, puesto que se puede generar un “cuello de botella” en el cantón de La Cruz, Guanacaste.
“Se haría un caos. En San José ya hay una situación compleja, pero muchos venden popis y consiguen recursos para sostenerse temporalmente. Trasladarlos generaría una situación difícil en La Cruz y ese cantón no puede atenderlos. No tiene la capacidad instalada. Lo recomendable es tener albergues temporales en la capital para poder atenderlos”, manifestó Blanco.

EXPLICACIONES

Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron una serie de mociones para convocar en audiencia a Marlen Luna, directora general de Migración; Catalina Crespo, defensora de los Habitantes; María Faría, embajadora de Venezuela; y Ricardo Sossa, comisionado de Inclusión Social del Gobierno de la República.
Adicionalmente, rendirán cuenta ante los legisladores los representantes de Acnur y la Organización Mundial de las Migraciones (OIM).