El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) pidió investigar un posible conflicto de intereses de Adrián Lachner Castro, empresario de Continum Data Center, a cargo del bono Proteger con el Programa Empléate.
DIARIO EXTRA tuvo acceso al oficio MTSS-DMT-OF-1049-2022 enviado por Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, titular de la cartera, a Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República.
La ministra solicita un crédito sobre una posible responsabilidad legal de la empresa derivada de las deficiencias que presentó el sistema donado por esta empresa para la plataforma usada.
Esquivel citó en el documento que Continum Data Center es presidida por Adrián Lachner Castro, quien sostiene vínculos con el Ministerio de Trabajo por ser presidente de otras instituciones de orden tecnológico inscritas como centros colaboradores del Programa Empléate.
“Se considera necesario contar con el criterio en virtud de las deficiencias técnicas que presentó dicho sistema para realizar una correcta selección de los beneficiarios del subsidio que se entregó teniendo como coyuntura la pandemia del Covid-19, las cuales facultaron la entrega de dinero proveniente de fondos públicos a personas que no cumplían con los requisitos”, indicó la ministra.
Agregó que a la fecha no es posible consultar las bases de datos del sistema, por lo que el proceso de recuperación de los recursos enfrenta trabas e imposibilita consultar los datos personales.
DESORDEN
El bono Proteger nació como una ayuda estatal para los colaboradores privados que se vieron afectados por recortes salariales y suspensiones de contrato cuando comenzó la emergencia sanitaria.
No obstante, surgieron cuestionamientos por la entrega de los recursos, la cual se hizo de una forma completamente desordenada porque el subsidio se entregó a funcionarios públicos, privados de libertad y hasta fallecidos.
Dicha consulta se hizo con base en las deficiencias y problemáticas que experimentó la plataforma, lo cual permitió la entrega de recursos a quienes no cumplieron los requisitos.
Según la ministra, la información sobre las falencias del sistema usado por la plataforma del bono Proteger se debió comunicar por parte de la Auditoría General del Ministerio de Trabajo a la anterior administración.
Al respecto remitieron informes, advertencias y asesorías sobre el tema en cuestión.
La Procuraduría General de la República remitió respuesta al MTSS el pasado 22 de julio y le indicó que la canalización de consultas recae en la potestad de la Contraloría General de la República.
“Me permito canalizar la consulta planteada y enviarla a la Contraloría General de la República, a efectos de que esa institución sea la que indique si existe algún tipo de responsabilidad penal o civil de la empresa Continum Data Center.
No omito manifestar que este despacho tiene serias dudas de la forma en que se gestó la donación de la plataforma, toda vez que la empresa señalada mantenía (y aún los tiene) convenios educativos con el Ministerio de Trabajo a través del Programa Empléate”, precisó Esquivel.
La ministra manifestó que causa extrañeza que Continum Data Center tuviera acceso a las bases de datos con información confidencial de personas que no gestionaron el subsidio.
PAZ SOCIAL
DIARIO EXTRA conversó con Adrián Lachner, presidente de Continum Data Center, quien defendió su accionar y negó tener alguna responsabilidad tal como se lo quieren endosar.
Lachner comentó que él actuó como un intermediario tecnológico bajo mandato y estuvo apegado a derecho por el bienestar del país en momentos en que había una emergencia.
Dijo que aquí no está en juego su nombre o el de la empresa, sino la paz social en Costa Rica porque a su criterio se efectúan señalamientos que a su criterio son carentes de sentido.
“Es una cobardía echarle la culpa al que sí ayuda por todos los que no hicieron nada. Eso para mí me parece una cobardía ir a buscarle la culpa a los que sí hicimos algo.
Justamente los que no hicieron nada son los que ahora están auditando y revisando. No hemos sido notificados de nada. Desde que se dio el cambio de gobierno nos han ignorado completamente, en el gobierno anterior nos comunicaban cualquier detalle de auditoría”, indicó el empresario.
Consultado por el presunto conflicto de intereses citado por el gobierno actual, lo negó rotundamente y declaró que su participación es transparente.
Agregó que desde la administración de Óscar Arias impulsaron la educación dual y prueba de ello fue la fundación de la única universidad dentro de su campo.
“Cómo va a haber un conflicto de intereses con algo que pasó hace 13 años. Todo mundo prometió cosas y ¿qué hicieron? Nada. Nosotros nos fuimos y donamos la plataforma del bono Proteger y le pagamos a 700 mil familias bien, a 30 mil no tan bien, pero no fue culpa de nosotros. Resulta que la única universidad que hizo algo grande y bueno por este país ahora es culpable. No hombre, no me jodan, eso sí es ser bien malagradecidos. Estamos ayudando desde hace tiempo y ahora me dicen que es conflicto de intereses”, manifestó el empresario.
Amplió que viene laborando con el Ministerio de Trabajo desde hace cuatro o cinco gobiernos, y contribuyeron a la mejora de la formación académica de jóvenes profesionales.
DEFENSORÍA SE PRONUNCIA
La Defensoría de los Habitantes se pronunció y les hizo un reclamo ético a los funcionarios públicos que aún no devuelven el bono Proteger.
La institución solicitó al Ministerio de Trabajo y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) que active los procedimientos legales para recuperar los fondos económicos.
Cerca de 1.309 subsidios se gestionaron y entregaron a personas que laboran con el Estado, cuyo monto de recuperación podría rondar hasta los ¢490 millones.
“Desde que la pasada administración creó el bono Proteger, la Defensoría intervino el dinero y según un informe emitido el 5 de agosto por el MTSS solo 38 funcionarios públicos reintegraron el bono Proteger.
Ante el escenario actual, la Defensoría no solo hace un llamado al funcionariado a devolver este dinero, sino además pide a las autoridades del IMAS activar los procedimientos legales”, señaló la Defensoría en un comunicado.
El órgano defensor citó que una buena administración pública se caracteriza por eficiencia, respeto al orden jurídico y transparencia.
El monto recuperado a la fecha es únicamente de ¢5,7 millones, mientras tanto, ya el país perdió ¢6.800 millones porque se entregó el subsidio a familias de pobreza extrema que ya tenían asignación de recursos de otros programas estatales.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Carlos Borbón y Archivo
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Martes 09 Agosto, 2022
HORA: 12:00 AM
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