La empresa de embutidos Ibérico perdió el caso que había presentado en contra del Estado costarricense. Así lo dio a conocer el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Había trascendido que la defensa del caso pudo tener un costo de ¢2.600 millones ($3,8 millones), dinero que se habría ejecutado a través del presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
El proceso había sido interpuesto por Alejandro Díaz Gaspar contra el Estado costarricense (conocido como “Ibérico”) y el gobierno comunicó este viernes que había concluido.
De este modo, el país se habría salvado de pagar unos $101 millones, que era lo que pretendía el inversionista. El caso ante el Ciadi, se planteó al amparo del “Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Costa Rica y el Reino de España.”
Díaz Gaspar reclamaba supuestas actuaciones arbitrarias del Ministerio de Salud, del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), que llevaron al cierre temporal (5 días) de la planta procesadora de pollo establecida en Grecia, Alajuela, luego de numerosas denuncias por malos olores y un funcionamiento deficiente de su sistema de tratamiento de aguas residuales.
El presidente Rodrigo Chaves dijo tomar la decisión con satisfacción, pero al mismo tiempo señaló que como gobierno tienen la responsabilidad de mejorar las actuaciones estatales para asegurar servicios óptimos.
Por su parte, el ministro de comercio exterior, Manuel Tovar, destacó que Costa Rica se diferencia por ser un país respetuoso del Estado de Derecho, de seguir el debido proceso y respetar los derechos de todos, incluyendo los inversionistas. En su criterio, esta resolución viene a fortalecer la imagen país para la atracción de inversión extranjera.
INCONSISTENCIAS DEL ESTADO
El tribunal arbitral rechazó la demanda en todos sus extremos y de forma unánime. No obstante, el fallo también destaca que hubo algunas inconsistencias en la actuación del Estado.
Aun así, el inversionista tuvo acceso efectivo a la justicia y esto le permitió continuar operando su planta, lo cual a criterio del Ciadi significa que el país no incumplió sus obligaciones adquiridas en el acuerdo de inversión aplicable.
Asimismo, señalaron que no existió una discriminación basada en la nacionalidad del inversionista y que no se pudo acreditar que la quiebra de la empresa haya sido un resultado directo del cierre temporal de la planta.
Tovar explicó que este caso requirió de coordinación interinstitucional con varias entidades involucradas en los reclamos del inversionista, los testigos y expertos ofrecidos como peritos por Costa Rica y la firma legal especializada contratada para la defensa nacional.
El Comex justifica la inversión en este tipo de procesos, pues en los últimos años, de cinco demandas internacionales, cuatro se han resuelto a favor del país.
El demandante es un empresario venezolano-español, quien acusaba al Estado costarricense de alentar una campaña contra su negocio de procesamiento de pollo, influido por un constructor que pretendía desarrollar un proyecto en terrenos adyacentes a la fábrica.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Sábado 02 Julio, 2022
HORA: 12:00 AM
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