Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron cinco departamentos de la Asamblea Legislativa.
Trascendió que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y los agentes judiciales intervinieron el edificio Sion del Congreso para recabar información sobre una licitación de equipo tecnológico adquirido por la Asamblea Legislativa por un monto de ¢225 millones
Presuntamente se habrían realizado pagos irregulares de contratos, tráfico de influencias y falsedad ideológica. También se indicó que no se habrían entregado ciertos servicios suscritos.
El caso se tramita bajo el expediente 22-000020-1218-PE.
“La Fiscalía Anticorrupción investiga una por lo que el allanamiento tiene como finalidad el registro y secuestro para obtener prueba documental y digital.
Se investiga a funcionarios públicos ligados con los hechos investigados; no se procederá con detenciones por el momento.
En virtud de que se trata de una investigación en fase preparatoria, de momento no es posible facilitar más información, conforme al numeral 295 del Código Procesal Penal”, informó.
DIARIO EXTRA conversó con Antonio Ayales Esna, director ejecutivo del Congreso, quien indicó que el software pretendía “dar trazabilidad sobre los activos del Congreso”.
“Se allanaron los departamentos Financiero y Proveeduría. La denuncia es por un sistema de trazabilidad de activos. Los agentes decomisaron expedientes que tienen que ver con el procedimiento de la licitación (…)”, comentó.
“La Asamblea Legislativa tenía un sistema de control de activos de código de barras y la recomendación que se hizo desde el departamento de Proveeduría e Informática es que se adquiriera el recurso para mejorar el control de activos de la institución.
En la Asamblea hay alrededor de 25.000 activos. Ellos consideraron que era pertinente tener ese control de forma más moderna y con un sistema adecuado”, agregó.
Ayales indicó que los recursos pasaron por comisión legislativa y fueron respaldados por uno de los directorios del anterior Plenario.
“Se pagaron ¢196 millones. Eso es lo que se canceló por el software y se autorizó vía presupuesto ordinario. El recibido conforme se dio el 12 de enero del 2022.
Se respetaron los procedimientos de contratación administrativa y el dinero se pagó en tractos. Lo que se pagó aquí es lo que vale, eso es lo que se pagó”, manifestó.
“Fue un procedimiento largo, empezó hace unos tres años. Es lento porque no es un asunto de llegar, comprar, tome y ponga. Es un proceso de adaptación que duró por lo menos un año, donde hay un fiscalizador en todo contrato, que es el que tiene que determinar si fue entregado a satisfacción. Es parte, me imagino, de la investigación. El sistema sí fue recibido”, acotó.
DIARIO EXTRA intentó conversar con Sergio Ramírez, director de Proveeduría, pero se resistió a dar declaraciones, a pesar de que Ayales dio el aval para hablar con los medios.
“Yo no voy a decirles nada. Es un tema en investigación y no me referiré al caso”, expresó molesto.
Finalmente, Rodrigo Arias, presidente del Congreso, aseguró que el Primer Poder la República apoyará las gestiones de las autoridades judiciales.
“Se darán todas las facilidades para que hagan su trabajo. Esperaremos que cumplan con sus deberes y responsabilidades”, concluyó.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Fotos: Isaac Villalta/Francisco Herrera
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Jueves 30 Junio, 2022
HORA: 12:00 AM
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