Un proyecto de ley pretende que las declaraciones patrimoniales y participación de altos funcionarios en personerías jurídicas y firmas público-privadas sean de carácter público. Esto no solo se aplicaría para funcionarios, sino también para familiares.
Esta iniciativa la impulsa la bancada del Frente Amplio (FA).
A través del expediente de ley 23.181 los legisladores pretenden eliminar el carácter confidencial de las declaraciones patrimoniales que realizan los funcionarios de alto nivel en el sector público. Actualmente la ley establece que deben hacer una declaración periódica sobre su situación patrimonial (rentas tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero), no obstante, se estipula que toda esa información es “confidencial”.
De acuerdo con los diputados, dicha situación “limita el acceso de comisiones legislativas, Contraloría General de la República, Ministerio Público o los tribunales de la República para investigar y determinar la comisión de posibles infracciones y delitos previstos en la Ley”. Adicionalmente pretenden reformar la ley para que la información de cónyuge, compañero, parientes (hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de los funcionarios) participantes como accionistas o beneficiarios tenga el mismo carácter público.
Lo mismo se aplicaría para fideicomisos, fiduciarias y en el caso de funcionarios que inician funciones el Banco Central deberá publicar un reporte trimestral actualizado, para los dos años anteriores a la fecha de nombramiento del funcionario o la de declaración oficial de la elección por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cuando se trate de cargos de elección popular.
CONFIDENCIALIDAD NO ES ACEPTABLE
De acuerdo con Jonathan Acuña, jefe de fracción del FA, la confidencialidad no es aceptable para personas que asumen cargos de alto mando político.
“Para estas personas, que asumen cargos públicos de alto nivel, es absolutamente indispensable el mayor grado de transparencia: la ciudadanía debe tener derecho pleno a conocer los intereses económicos de esos jerarcas y sus familiares, para poder identificar, denunciar y evitar conflictos de intereses y tráficos de influencias, y cualquier transgresión en el campo de lo delictivo o lo ético”, afirmó.
“No es posible combatir el flagelo de la corrupción, identificando a las personas corruptas, si no se cuenta con información pública, de acceso para toda la ciudadanía, que permita detectar el enriquecimiento de los corruptos, y que haga posible identificar los intereses económicos de los altos mandos para denunciar sus conflictos de intereses y cualquier delito relacionado”, añadió.
La misma propuesta plantea que la Contraloría General de la República establecerá un registro de declaraciones juradas que proveerá a los interesados y tendrá las funciones de recibir y custodiar las declaraciones de cada funcionario público.
Pasados cuatro años desde la fecha en que el funcionario haya cesado en el cargo, las declaraciones presentadas y su documentación anexa serán remitidas al Archivo Nacional y se conservarán las mismas condiciones de publicidad.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: Randall Sandoval
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Miércoles 22 Junio, 2022
HORA: 12:00 AM
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